San José, 29 oct (elmundo.cr) – La Sala Constitucional ordenó al alcalde de San José, Diego Miranda, a que dé respuestas claras sobre los cuestionamientos realizados por la auditoría de la Municipalidad y de la regidora Iztarú Alfaro Guerrero.
En relación a los más de ¢600 millones que el municipio dejará de percibir por los errores en torno a la contratación de un sistema de parquímetros para el cantón de San José.
El alcalde Miranda tiene un plazo de diez días hábiles para explicar:
- ¿Cuál es el criterio técnico para tomar la decisión de remover la empresa de parquímetros que estaba brindando el servicio?
- ¿Por qué se tramitó otra licitación para la atención de parquímetros, si era público y notorio que estaba pendiente de resolución un recurso de apelación en la Contraloría General de la Republica?
- ¿Por qué un mes después de haberse resuelto por la Contraloría General de la República el Recurso de la empresa que brindaba el servicio y que obligaba a su contratación, la Administración no ha tomado una decisión, a pesar de las pérdidas que eso ha traído?
Esta es la segunda ocasión en que la Sala Constitucional le ordena al alcalde Miranda responder sobre este tema, pues el pasado 11 de octubre el despacho del alcalde había emitido una respuesta que, ni a criterio de los magistrados ni de la regidora Alfaro Guerrero, daban una explicación oportuna y concreta sobre el hueco en los ingresos municipales, ni las razones técnicas que lo motivaron.
La regidora Alfaro señaló que “el señor alcalde creyó que una respuesta vacía y de trámite, que más resultaba un asunto de mero trámite, que el de una verdadera rendición de cuentas iba a bastar”.
“Ahora los señores magistrados le vuelven a enmendar la plana, pero no es así; y le obligan a dar respuestas de fondo ante sus decisiones que, evidentemente afectan las arcas de la Municipalidad de San José”, aseguró la regidora.
Al principio de su gestión Miranda intentó, sin éxito, hacer un cambio en el proveedor del servicio de parquímetros, dejó a la capital sin el servicio, y desde el 22 de julio, la Municipalidad de San José ha dejado de percibir ingresos por este servicio, lo que ha permitido que la capital se vuelva a llenar de cuidacarros informales y ha generado un hueco en las finanzas municipales.
Cabe recordar, que el alcalde solicitó al Concejo Municipal la aprobación de ¢4180 millones para el rubro de parquímetros en una reforma presupuestaria, como medida para enfrentar una futura contratación, sin embargo, y a pesar de la aprobación de dicha partida, el servicio sigue sin ofrecerse.
