San José, 25 jun (elmundo.cr)- Alcaldes, Alcaldesas, Vicealcaldes, Vicealcaldesas, Diputados, Diputadas y funcionarios municipales expusieron las afectaciones directas que tendría el Régimen Municipal al imponer un tope de 4,67% en el gasto corriente con la nueva Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
El Ministerio de Hacienda afirma que los “jerarcas, Gobiernos Locales y otras entidades de gobiernos locales” deben someterse a la “aplicación de la regla fiscal en la formulación de los presupuestos ordinarios del 2020”.
En la práctica tal disposición pretende que las municipalidades tengan como tope al crecimiento del gasto corriente para el año entrante, un 4.67% con respecto del presupuesto 2019.
Thompson como proponente de este proyecto afirma que “esta iniciativa busca reformar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para respaldar al Régimen Municipal y propiciar un adecuado desarrollo en nuestros cantones; ya que, imponer un tope de 4.67% al gasto corriente del presupuesto municipal significa limitar la ejecución de proyectos de suma importancia para la atención de las demandas ciudadanas.
Por su parte, Juan Pablo Barquero, presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) manifestó la oposición a la aplicación de esta regla:
“Las municipalidades recaudan ellas mismas la mayor parte de sus ingresos, por lo que la aplicación de la “regla fiscal” limitaría la ampliación o la creación de múltiples servicios municipales. A medida que los Gobiernos Locales siguen fortaleciéndose, incursionando en nuevos proyectos, prestando nuevos servicios y mejorando su gestión administrativa, reciben mayor reconocimiento de una ciudadanía que espera cada vez más de sus municipalidades”.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Ciudades y Gobiernos Locales (UCLG) (2016), en el estudio Subnational Governments around the world: Structure and finance, en el mundo los gobiernos subnacionales administran en promedio un 23.9% del total de los presupuestos públicos, mientras que en Costa Rica las municipalidades apenas tienen a su cargo un 2.3% del presupuesto global de todo el sector público según los presupuestos aprobados 2018, convirtiendo a Costa Rica en uno de los países más centralizados del mundo.
“Me parece que como país tomamos una decisión acertada, evitando una debacle financiera en el corto plazo, si no se hubiera aprobado la reforma fiscal. La regla fiscal que contiene esta reforma es necesaria para evitar un crecimiento desmedido de gastos de acuerdo con la deuda que maneja el Estado. Sin embargo, debemos entender que la estructura de ingresos y gastos de una municipalidad o un concejo de distrito es muy diferente a las instituciones del Gobierno central”, comentó la diputada María José Corrales.
En el documento del órgano contralor, Presupuestos Públicos 2018. Situación y perspectivas (2018), se detalla que, en su conjunto, el presupuesto municipal 2018 se compone en un 72.1% por ingresos corrientes, un 18.9% por ingresos de capital y solamente un 9% por financiamiento.
Esto pone en evidencia un marcado contraste con la situación financiera del Gobierno Central, donde el presupuesto está financiado en un 55,3% con ingresos corrientes, un 5% con ingresos de capital y un preocupante 44,7% con endeudamiento.
En el proyecto se refuerza el argumento de que las municipalidades ya se encuentran sujetas a una serie de disposiciones normativas cuidadosamente fiscalizadas por la Contraloría General de la República.
“Nos mantenemos comprometidos con impulsar un régimen municipal fuerte, sano y vigoroso que sea fuente de desarrollo y bienestar para los cantones y sus habitantes”, concluyó el diputado verdiblanco.
