Alajuela, 6 nov (elmundo.cr) – El pasado lunes se generó una polémica en el Concejo Municipal de Orotina tras la presentación de una moción que solicitaba un acuerdo de desaprobación hacia las presuntas conductas de violencia política contra la mujer atribuidas al regidor Wilberth Soto, del Partido Unidos Podemos (PUP).
La moción, además, pedía que el regidor Soto se excusara de la discusión y abandonara la sala de sesiones, pero este solo se retiró a la oficina de la Secretaría del Concejo, evitando así su participación directa sin cumplir plenamente con la solicitud.
Durante la sesión, varias mujeres, incluyendo regidoras y síndicas, ofrecieron testimonios detallados de los presuntos ataques y amenazas recibidos de parte del regidor Soto.
La síndica del Partido Liberación Nacional (PLN), compartió un incidente en el cual el regidor supuestamente le dijo que “si él quería, la podía pasar por encima”, señalando un claro acto de intimidación. En total, cinco mujeres dieron testimonio de situaciones en las que se sintieron violentadas o atacadas por parte del regidor.
A pesar de estos testimonios, la moción no avanzó en el proceso. El presidente del Concejo Municipal, también del PLN, solicitó un receso y argumentó que, al no haber un regidor suplente del PUP para continuar con la discusión, su fracción no apoyaría el voto de dispensa de trámite de la moción.
Como resultado, la moción fue enviada a comisión, lo que en la práctica aplazó el tratamiento inmediato de las denuncias y pareció desacreditar la gravedad de los testimonios presentados.
Este caso destaca la necesidad urgente de establecer protocolos claros y efectivos que garanticen el respeto y la protección de las mujeres en espacios políticos, y pone en evidencia el rol fundamental de los partidos y representantes municipales para velar por un ambiente libre de violencia política.
