San José, 13 may (elmundo.cr) – El regidor de la Municipalidad de San José, Diego Miranda, denunció que, a pesar de contar con departamento legal la municipalidad se gastó 80 millones en asesoría externa.
Miranda recordó que “en el Concejo Municipal advertí numerosas veces que estas contrataciones no eran procedentes, especialmente porque la Municipalidad de San José cuenta con un departamento legal”.
“Hoy se destapa otra investigación sobre el alcalde suspendido Johnny Araya y funcionarios municipales, donde se incluye a una persona que trabajó para la municipalidad y ahora forma parte de un bufete privado al que se le contrataron servicios que muchas veces ni siquiera tuvieron resultados positivos para el municipio”, afirmó .
El regidor señaló que analizando a fondo las contrataciones de la Municipalidad de San José con el bufete BDS Asesores Jurídicos investigadas hoy día por la Contraloría General de la República y la prensa, me encontré con más hechos graves:
“A partir del año 2018, momento en el que la municipalidad contrató al bufete BDS Asesores para servicios jurídicos externos, se empezaron a contratar también diversos cursos de capacitación con la misma empresa para el Departamento de Asuntos Jurídicos, todo esto mediante el método de contratación directa”, aseveró.
Miranda hizo hincapié en que “un punto relevante de todo esto es que a estas capacitaciones asistía una funcionaria que luego de renunciar a la municipalidad pasó a trabajar inmediatamente en BDS Asesores. Es decir, la municipalidad con dinero público pagó la formación de una persona al mismo bufete que hoy la tiene en su planilla”.
“Los cursos contratados a BDS Asesores sumaron más de 14 millones de colones en 2 años, sumados a los montos que ya la municipalidad le giraba a la empresa por sus servicios de asesoría externa, alcanzan más de 80 millones de colones a día de hoy”, enfatizó.
Miranda comentó que “ahora, la prensa informa que BDS Asesores aceptó pagar una sanción económica para ser excluida de la investigación por presuntas irregularidades con la municipalidad, utilizando de forma perversa portillos que abre la misma CGR para librarse de las responsabilidades que puedan surgir de sus actuaciones”.
Para el regidor “es lamentable ese manoseo de la legalidad que impide sentar las sanciones debidas y que funcionarios públicos y empresas que participan de estos mecanismos sean sancionados de forma justa como lo merece la población costarricense”.
