San José, 31 jul (elmundo.cr) – La Contralora de la República, Marta Acosta expresó su opinión sobre el proyecto de Ley 21.494 de no excluir a los ayuntamientos y universidades de la regla fiscal.
Acosta señaló que en el caso de las municipalidades la dependencia de transferencias llega a un 60% en la mayoría de los casos, sin embargo, los municipios contemplan recursos propios obteniendo una cifra elevada y dejando una mínima de parte del Gobierno.
Esto quiere decir que de los ₡ 596 mil millones que perciben las municipalidad anualmente, solamente el 16% pertenecen a transferencias del Poder Ejecutivo.
De estos fondos auto gestionables el 82% se da principalmente a Bienes Inmuebles, Patentes, Impuestos a la Construcción entre otros.
El director ejecutivo de la ANAI, Jonathan Espinoza Segura señaló que “con respecto a lo acontecido este martes con la Contralora, hay dos puntos iniciales que hay que denotar, el primero es que la transferencia del Gobierno a los ayuntamientos representa muy poco”.
“Además, la normativa municipal ya tiene una regla fiscal donde se indica que no se puede gastar más del 40% en el gasto administrativo, inclusive en Bienes Inmuebles solamente se puede utilizar el 10% para egresos por este concepto, esto según el Código Municipal”, agregó.
Por su parte el alcalde de Mora y directivo de la ANAI, Gilberto Monge indicó que “no son comparables las universidades públicas con las municipalidades, pues mientras en las universidades las transferencias de gobierno representan el 100% del presupuesto; para las municipalidades solamente representan entre el 10 y el 16%. Más del 82% son recursos propios”.
A inicios de julio, los diputados habían aprobado una moción donde dispensa de todo trámite el proyecto de Ley donde excluyen a las municipalidades de la regla fiscal en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El principio de la regla fiscal es poner un límite al gasto corriente tomando los niveles de deuda y del crecimiento de la economía.
A esto, varios diputados habían sustentado que era un error colocar a los ayuntamientos en la regla fiscal y que se afectarían los servicios brindados por los mismos. Según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las municipalidades tendrían un tope de 4.97% de crecimiento en el gasto corriente para el próximo año.
