Heredia, 13 mar (elmundo.cr) – La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) denunció que proyecto de ley 20.511, que se encuentra en la Comisión Especial de Heredia de la Asamblea Legislativa, pone en riesgo las fuentes superficiales de agua, así como también los mantos acuíferos, debido a que se utilizarían terrenos para asentamientos humanos y otro tipo de actividades.
Mediante el Decreto de Ley 65 de 1888, miles de hectáreas de esa zona fueron declaradas inalienables para garantizar la recarga, sin embargo el proyecto del diputado William Alvarado propone restar un 18% de este terreno protegido para permitir el desarrollo urbano.
Quírico Jiménez, coordinador de la Unidad Ambiental de la ESPH señaló que “no existe en el mundo otro sitio más protegido como ese. Primero es una Ley de 1888 que la protege, luego una reserva forestal de los años 70, después el Parque Nacional Braulio Carrillo y una parte de ampliación del 2015 de 2.600 hectáreas y posteriormente es Reserva de la Biosfera declarada por la Unesco”.
“Todos sabemos la importancia de esta zona para el futuro del agua del Valle Central. El objetivo de los legisladores de entonces (1888) era proteger el recurso hídrico de Heredia, San José y Alajuela. Con este proyecto lo que se eliminaría es este objetivo y ahí es donde están los acuíferos más importantes del Valle Central que son Barva, Colima Inferior y Colima Superior”, mencionó Jiménez.
La ESPH también manifestó su oposición a otro proyecto de ley presentado por el mismo diputado Alvarado que busca eliminar al representante de los trabajadores de la ESPH en la Junta Directiva para dárselo a las municipalidades socias e incluir representaciones gremiales en la Junta Directiva.
Ante esto Allan Benavides, gerente general de la ESPH manifestó que “el proyecto le daría la mayoría de votos a las municipalidades, con el riesgo de que las decisiones de la Empresa se guíen por compromisos políticos e ideológicos de grupos radicales. No por un criterio técnico y científico de administración de recursos que ha prevalecido hasta hoy”.
Actualmente la Junta Directiva se compone por cinco miembros que representan a la Universidad Nacional, Cámara de Industria y Comercio, trabajadores de la ESPH, Municipalidad de Heredia (qué posee el 93% de las acciones) y un puesto que alterna cada año la Municipalidad de San Isidro y San Rafael, dueñas del 7% restante del capital de la Empresa.
Actualmente la ESPH mantiene fuertes restricciones en el otorgamiento de nuevos servicios en las zonas altas de los cantones de San Isidro y San Rafael, para evitar un crecimiento urbanístico insostenible y que afecte las zonas de recarga que suministran el agua a cerca de 300 mil personas y a la población flotante que llegan a la ciudad todos los días.
“Por un lado se presenta un proyecto para darle más poder a las municipalidades y por otro lado un proyecto que quiere liberar terrenos inalienables, pero de un valor muy alto si se autoriza su liberación. No se puede dejar pasar proyectos de este calibre, con el agua del país en juego, sin revisar que está pasando”, externó Benavides.
El gerente general agregó que, de pasar ambos proyectos, este gobierno se involucraría innecesariamente en las consecuencias ambientales y el riesgo que esto representa para el abastecimiento de agua potable en el futuro.
La Contraloría General de la República también se manifestó en contra del proyecto que disminuye la zona inalienable señalando el riesgo de contaminación y afectación de las tomas de agua superficiales y subterráneas, lo cual es una posición valiosa para la defensa de los intereses de la comunidad nacional afectada.
