San José, 28 may (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría en el que señala múltiples deficiencias en la gestión que realiza la Municipalidad de Belén en el otorgamiento de permisos para espectáculos públicos, así como en el cálculo y liquidación de los ingresos que esta actividad genera.
El órgano contralor centró su análisis en los años 2023 y 2024, periodo en el que los espectáculos públicos en este cantón crecieron un 127%. Solo en esos dos años, el municipio recibió ₡503,54 millones por concepto del impuesto a espectáculos públicos.
Sin embargo, según la Contraloría, este crecimiento no vino acompañado de un fortalecimiento administrativo. Por el contrario, se detectó una débil gestión documental y de control, lo cual ha provocado omisiones en la verificación de requisitos normativos esenciales. Incluso, en algunos casos se solicitaron requisitos que no están estipulados en la reglamentación interna.
Fallos en integridad y recaudación
Uno de los aspectos más sensibles señalados por la Contraloría es la ausencia de una gestión integral de riesgos de integridad vinculada al otorgamiento de estos permisos, lo que podría abrir espacios a prácticas discrecionales o poco transparentes.
Además, el informe advierte sobre deficiencias en la documentación de los cálculos tributarios y errores en los montos del impuesto a los espectáculos públicos.
También se identificó que aproximadamente ₡46,72 millones de fondos públicos se mantienen ociosos, debido a que las liquidaciones de ingresos por eventos fueron presentadas tardíamente, con atrasos que van desde 39 hasta 211 días después de realizados los espectáculos.
Recomendaciones y advertencias
Ante estos hallazgos, la Contraloría emitió una serie de disposiciones para que la Municipalidad de Belén corrija las debilidades identificadas, fortalezca sus controles internos y garantice una gestión transparente y eficaz de los ingresos públicos.
La auditoría forma parte de los esfuerzos de la Contraloría por fiscalizar el manejo de recursos y asegurar que los gobiernos locales operen bajo principios de legalidad, eficiencia e integridad.
