San José, 16 jul (elmundo.cr) – Un polémico intercambio se produjo durante una audiencia entre la regidora Andrea Rudín y Karen Porras, directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), a raíz del destino e intención del uso de recursos públicos asignados a esta organización, en el contexto del intento por revertir la reforma que frenó la reelección continua de alcaldes.
Cuestionamientos sobre la utilización de fondos
La discusión gira en torno a un episodio ocurrido alrededor de 2021, cuando la UNGL habría considerado contratar asesoría legal para impugnar, mediante la Sala Constitucional, el límite a la reelección indefinida de alcaldes.
Según Rudín, la contratación finalmente no se concretó debido a la presión ejercida por diversas voces dentro del sector municipal, que se opusieron al uso de fondos públicos—provenientes tanto del gobierno central como de aportes municipales—para respaldar un recurso de amparo considerado improcedente dado el origen público de los fondos.
La directora de la UNGL argumentó en su defensa que “al final no se gastó en esa contratación”. No obstante, Rudín y otros actores insisten en que la intención de destinar los recursos existió, y que fue la presión interna la que evitó el gasto.
Origen e impacto de los fondos de la UNGL
La UNGL se financia principalmente a través de transferencias del gobierno central, entre ellas parte del impuesto sobre licores, así como las cuotas que cancelan las municipalidades miembros.
De acuerdo con informes oficiales, la fiscalización del uso de estos recursos es motivo de debate nacional, pues existe preocupación sobre la pertinencia y transparencia en la aplicación de los fondos asignados a entidades municipales y organismos relacionados.
Éxodo de municipalidades y postura de San José
Rudín aprovechó para ejemplificar por qué algunas municipalidades han optado por dejar la UNGL en los últimos años, citando un descontento creciente ante las decisiones de la organización y el manejo de intereses que no representan a la totalidad de sus integrantes.
En el caso específico de San José, aclaró que la permanencia responde únicamente a la falta de respaldo necesario en el Concejo Municipal para formalizar la salida, dada la exigencia de un mínimo de seis votos a favor.
Contexto legal y antecedentes
En 2021, la iniciativa de revertir la reforma que estableció límites a la reelección indefinida de alcaldes generó controversia en el país, llegando incluso a ser objeto de recursos ante la Sala Constitucional promovidos desde gremios municipales, aunque sin éxito definitivo.
El debate sobre el uso o no de fondos públicos en este tipo de acciones legales renueva la discusión sobre la ética y legalidad en la administración de recursos provenientes de impuestos y aportes municipales.
Un llamado a la transparencia
Este nuevo capítulo subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y participación en la toma de decisiones sobre el uso de recursos públicos, especialmente en entidades que reciben financiamiento directo del erario y de los gobiernos locales, velando por el interés colectivo y el correcto destino de los fondos.
