San José, 21 de septiembre (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, resolvió este lunes rechazar la recusación presentada por el alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, quien pretendía que el Concejo Municipal fuera apartado de un proceso sancionatorio en su contra.
La resolución administrativa DP-R-005-2026, emitida por la mandataria, determina que el Concejo Municipal conserva su competencia para continuar con el trámite disciplinario que se sigue contra el jerarca capitalino.
Según el criterio técnico, los hechos que motivaron una sanción previa impuesta por el mismo órgano no guardan una relación directa con el proceso actual, por lo que no existen elementos suficientes para alegar una falta de objetividad que obligue a separar a los regidores del caso.
Antecedentes del caso
El proceso contra Miranda surge tras una investigación de un órgano director que señaló presuntas irregularidades en la gestión municipal, específicamente por el uso de abogados de la institución en horario laboral para atender asuntos de carácter personal del alcalde.
Ante este escenario, Juan Diego Gómez, regidor del cantón central de San José por el partido Más San José, ha seguido de cerca el desarrollo de los procedimientos en el seno del Concejo. La postura de diversos sectores municipales ha sido que el Concejo tiene la facultad legal de imponer sanciones administrativas, una posición respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El TSE ha aclarado en reiteradas ocasiones que, si bien los concejos municipales pueden investigar y aplicar sanciones disciplinarias temporales —como suspensiones— dentro del marco del Código Municipal y el debido proceso, la competencia exclusiva para la cancelación de credenciales o la destitución definitiva de un alcalde electo popularmente recae únicamente en el organismo electoral.
Próximos pasos
Con esta resolución, el Concejo Municipal de San José queda habilitado para retomar el análisis y definir si acoge la recomendación del órgano director para sancionar al alcalde por segunda vez en este periodo, en relación con las faltas administrativas señaladas.
El alcalde Miranda ha cuestionado anteriormente la legitimidad de estas acciones, calificándolas de “sinsentido” y argumentando que se trata de maniobras con trasfondo político. No obstante, la resolución de la Presidencia de la República despeja la duda sobre la competencia del órgano deliberativo para continuar con el proceso administrativo.
