San José, 12 feb (elmundo.cr) – La regidora de la Municipalidad de San José, Andrea Rudín, criticó enérgicamente la reciente decisión del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública de anular la declaratoria de crimen organizado en el Caso Diamante.
Mediante sus redes sociales, la regidora expresó su indignación con un contundente mensaje: “PODER JUDICIAL, HOW MUCH? ¿Nos creen tontos?”.
Cronología de los hechos según Rudín:
- La declaratoria de crimen organizado se sustentó en un copy-paste de una resolución ajena al caso, relacionada con un aborto, lo que generó un vicio que permitió a los imputados apelar fácilmente.
- Dicha declaratoria era el fundamento legal para realizar intervenciones telefónicas en la investigación.
- Al anularse, las pruebas obtenidas mediante escuchas telefónicas quedan invalidadas.
- La posible exclusión de estas pruebas podría derivar en la absolución de los imputados, lo que, según Rudin, sería una burla para la ciudadanía.
- Funcionarios municipales de mandos medios implicados en el caso seguirían en sus puestos sin enfrentar consecuencias, lo que afectaría la gestión de recursos y servicios municipales.
Preocupaciones y llamado a la acción
La regidora enfatizó la importancia del debido proceso, pero calificó la actuación de la jueza responsable como “injustificable”. “¿Es posible pedir la evaluación del desempeño de dicha funcionaria? No puede ser que errores y horrores de este calibre se traigan abajo años de trabajo en investigaciones judiciales”, manifestó Rudín.
Además, la regidora alertó ante falta de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y la falta de respeto hacia los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes dedicaron años a la recopilación de pruebas. También sugirió la apertura de cuentas bancarias de los involucrados para descartar posibles irregularidades detrás de estos “errores”.
La decisión del Tribunal ha generado indignación en diversos sectores, aumentando las preocupaciones sobre el combate a la corrupción y la efectividad de la justicia en Costa Rica.
