San José, 05 sep (elmundo.cr) – El Concejo Municipal de San José aprobó la adjudicación del contrato de parquímetros a la misma empresa que ha prestado el servicio durante los últimos 12 años.
La votación fue respaldada por los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Progreso Social Democrático (PPSD), Liberal Progresista (PLP) y el Movimiento Auténtico Socialista (MASSJ). Sin embargo, la regidora oficialista Andrea Rudín ha expresado su preocupación ante lo que considera una decisión que podría afectar económicamente a la ciudadanía josefina.
“Durante la Comisión de Hacienda manifesté en repetidas ocasiones que, de adjudicarse este contrato, se perpetúan los riesgos de que la Municipalidad enfrente nuevas solicitudes de indemnización. Esto se debe a que el cartel original, propuesto por la Administración anterior bajo el mandato de Johnny Araya, presentó cálculos posiblemente incorrectos sobre la demanda de parquímetros, lo que ya ha generado pagos indebidos”, explicó Rudín.
La regidora dejó claro que no votó a favor del cartel en 2023 debido a las mismas inquietudes que plantea ahora. Afirmó que la licitación parece haber sido “hecha a la medida” de la empresa adjudicataria, lo que limitaría la posibilidad de que la Municipalidad explore mejores alternativas para la distribución de los parquímetros.
Además del tema económico, Rudín destacó el impacto que esta adjudicación puede tener en las comunidades residenciales, muchas de las cuales ya han señalado afectaciones en su vida diaria debido a la distribución actual de los parquímetros. Según la regidora, “esto es algo que la Municipalidad podría haber abordado con una mejor gestión, pero ahora las opciones se reducen”.
Un punto crítico que Andrea Rudín subrayó fue la aparente influencia del exalcalde Johnny Araya en la toma de decisiones dentro de la Administración Municipal actual.
“En la Comisión de Hacienda, un funcionario defensor de la adjudicación confirmó que los costos del cartel se basaron en datos proporcionados por la misma empresa que resultó adjudicada. Además, parece que algunos funcionarios aún reciben llamadas del exalcalde Araya, algo que incluso el actual alcalde Miranda ha mencionado en sesiones anteriores”, declaró.
A pesar de la adjudicación, Rudín insistió en la importancia de que la Administración Municipal supervise rigurosamente el cumplimiento del contrato por parte de la empresa. Hizo un llamado a los funcionarios afines al “Arayismo”, algunos de los cuales han sido sancionados por la Contraloría General de la República (CGR), para que prioricen los intereses de la ciudadanía y la legalidad.
“Lo que queda ahora es asegurarse de que la empresa cumpla con todas las condiciones del contrato de forma adecuada. Esperamos que los funcionarios municipales encargados de esta supervisión actúen en favor de los ciudadanos y no bajo intereses particulares”, concluyó la regidora.
