San José, 4 feb (elmundo.cr) – A partir del 1 de mayo, los 82 alcaldes que fueron electos en este 2020 y estarán al mando de cada cantón durante 4 años, tendrán una variación en sus salarios.
Según la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en su artículo 36, sostiene que la prohibición y el porcentaje de compensación que recibirá un alcalde electo, será calculado sobre el salario base del puesto que desempeñan, siendo, un 30% si tienen el grado de licenciatura o superior y de un 15% para los profesionales con un nivel de bachillerato universitario.
Seguidamente, en el artículo 42, de la misma ley, se especifica que el tope salarial límite será de ₡ 5.740.000, esto quiere decir que no puede superar el equivalente de 20 salarios base por mes de la categoría más baja de la escala de sueldos.
“Actualmente dicha prohibición está establecida en la Ley de Enriquecimiento Ilícito y es de un 65% como compensación del salario base, pero la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas modificó eso”, indicó Jonathan Espinoza, director ejecutivo de la ANAI.
En cuanto a porcentajes, por mes, los Gobiernos Locales se estarán ahorrando ₡29 millones, esto quiere decir que al año son ₡356.469.252,26, representando un 17%. Hay que recalcar que Río Cuarto aún no tiene un salario establecido debido a que no se han contratado a los funcionarios, por esta razón, no se puede calcular el salario máximo devengado.
De los 82 alcaldes electos, 21 quedaron con el mismo sueldo y 3 por ser jubilados, reciben el 50% del salario por concepto de gastos de representación, así establecido en la legislación costarricense, se trata de Zarcero, León Cortés y Grecia.
14 alcaldes percibieron una disminución del 39% mientras que 8 aumentaron por el 30% de la prohibición.
“Los alcaldes que no tengan profesión se tendrán que regir mediante el artículo 20 del Código Municipal, el cual establece que es un 10% más sobre el salario mayor devengado de los funcionarios municipales y este se constituirá en su salario final”, enfatizó Espinoza.
Los cantones de Santo Domingo, Liberia, Bagaces, La Cruz, Puntarenas y Pococí no se les ha calculado la prohibición por falta de información y recalcar que los datos suministrados surgen a partir de estimaciones de la indagación recabada de la Contraloría General de la República.
