Puntarenas, 15 oct (elmundo.cr) – Una representante de las familias de Ballena Academy reprochó al jerarca municipal haber cambiado de posición frente a un proyecto que, según manifestó, había prometido apoyar. La decisión ha generado malestar entre quienes consideran que está en juego el futuro educativo de numerosos niños.
Una nueva controversia se presenta en la Municipalidad de Osa, esta vez relacionada con la decisión del alcalde de vetar un acuerdo del Concejo Municipal mediante el cual se había aprobado declarar como calle pública el acceso a un centro educativo privado ubicado en Bahía Ballena.
La decisión del Concejo se produjo después de un prolongado proceso de gestiones promovidas por padres de familia y representantes de la institución, quienes han insistido en la necesidad de regularizar las condiciones de acceso a la escuela para avanzar en los trámites municipales y educativos correspondientes.
El acceso en discusión corresponde a una servidumbre agrícola cuya declaratoria como calle pública fue respaldada por el Concejo Municipal, tomando en consideración argumentos relacionados con el interés público, la educación, el bienestar de los menores y los beneficios sociales y económicos para la comunidad.
Sin embargo, cuando parecía que el proceso finalmente avanzaba hacia una solución, el alcalde presentó un veto contra el acuerdo, provocando una fuerte reacción entre las familias interesadas.
Fuertes cuestionamientos al alcalde
Durante una intervención ante el Concejo Municipal, la licenciada Núñez, madre de familia y representante de la comunidad educativa, expresó abiertamente su inconformidad con la actuación del alcalde.
Según manifestó, el pasado 20 de mayo de 2026 el jerarca municipal había expresado su disposición de colaborar con la declaratoria de calle pública, compromiso que, a criterio de las familias, no se cumplió.
La representante cuestionó que, después de las gestiones realizadas, el alcalde terminara oponiéndose a una iniciativa que consideran fundamental para el futuro de la institución.
Uno de los aspectos más sensibles de su intervención fue el señalamiento de que las objeciones técnicas y jurídicas utilizadas para justificar el veto no estarían considerando suficientemente el impacto social y educativo del proyecto.
La licenciada Núñez sostuvo que la declaratoria no debe valorarse únicamente desde una perspectiva técnica, sino también por los beneficios que podría generar para los estudiantes, sus familias, las personas trabajadoras y el desarrollo económico de Bahía Ballena.
Una discusión que trasciende el acceso a una escuela
El conflicto ha puesto sobre la mesa una discusión de mayor alcance: cómo deben conciliarse los requisitos legales y técnicos de una declaratoria de calle pública con las necesidades educativas y sociales de una comunidad.
Los padres de familia sostienen que la escuela ha realizado esfuerzos para regularizar su situación, incluyendo el pago de una multa y la presentación de documentación solicitada por la Municipalidad.
También señalan que la condición jurídica del acceso constituye un obstáculo para completar los procedimientos necesarios para obtener las autorizaciones municipales y educativas.
Durante su intervención, la representante cuestionó que se minimice el beneficio colectivo de la iniciativa y pidió considerar las oportunidades educativas y laborales que podrían generarse.
El compromiso político, también bajo cuestionamiento
Más allá de las diferencias jurídicas sobre la procedencia de declarar pública una servidumbre agrícola, el episodio ha generado cuestionamientos sobre la coherencia entre los compromisos políticos asumidos frente a una comunidad y las decisiones administrativas posteriores.
Para las familias, el punto más difícil de comprender es que una iniciativa que, según afirman, contaba inicialmente con la disposición favorable del alcalde, terminara siendo objetada por el propio jerarca municipal.
La representante incluso reclamó que las explicaciones ofrecidas no justifican suficientemente, desde su perspectiva, el perjuicio que la decisión podría ocasionar a la comunidad educativa.
No obstante, será necesario conocer íntegramente los fundamentos del veto para determinar si las objeciones municipales responden a impedimentos jurídicos, técnicos o procedimentales que deban ser atendidos.
Una controversia que sigue abierta
El caso de Ballena Academy coloca nuevamente a la administración municipal de Osa frente a un debate público sobre sus decisiones, la atención de las necesidades comunitarias y la búsqueda de soluciones dentro del marco de la legalidad.
Por ahora, las familias mantienen su inconformidad y defienden que la declaratoria de calle pública constituye una medida de interés colectivo que merece ser valorada integralmente.
La controversia deja una interrogante que deberá resolverse institucionalmente: ¿es posible encontrar una solución jurídicamente viable que permita atender las necesidades de la comunidad educativa sin desconocer los requisitos legales aplicables?
Mientras tanto, la discusión continúa y los padres de familia esperan una respuesta que permita avanzar en la regularización del centro educativo.
