Tras casi dos horas de deliberaciones, el Parlamento de Venezuela dio el visto bueno a una de las reformas que va en línea con los deseos de la Administración de Donald Trump para conseguir dividendos del sector petrolero venezolano: la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
La Asamblea Nacional, que está bajo control del oficialismo, respaldó por unanimidad la propuesta, presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez solo días después de que tropas estadounidenses capturaran en una incursión militar al mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y de que Trump anunciara la tutela de Washington a la venta de petróleo venezolano.
En línea con las presiones de EE. UU., que ha instado a Rodríguez a “colaborar” con el gobierno del republicano, la reforma, en esencia, revierte en buena medida los cambios introducidos en 2006 por el entonces presidente Hugo Chávez para aumentar la participación estatal y el control de la actividad petrolera.
La mandataria, luego de firmar la ley para que entre en vigor, confirmó diálogos con Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, para profundizar los vínculos binacionales y avanzar otras cuestiones, como la liberación del espacio aéreo venezolano, reconociendo que están “dando pasos importantes”.
Con esta modificación parcial a la ley, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, bajo un modelo mixto, utilizado ya por empresas como la estadounidense Chevron, que otorga control técnico, administrativo y financiero al capital privado, manteniendo a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) como socio mayoritario.
El texto, además, introduce la posibilidad de que los conflictos puedan ser solventados “mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes”.
Dentro de Venezuela también hubo reacciones. Rafael Ramírez, exministro de Petróleo durante la era de Hugo Chávez, afirmó que esta nueva legislación deroga la nacionalización de la industria petrolera.
“Efectivamente se trata de la ‘erradicación’ de la política petrolera de Chávez y de la nacionalización de 1976 y de todo el pensamiento nacional petrolero del país”, dijo en una publicación en X.
#27Enero Hoy aprobarán la derogación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Chávez. Es una lástima y un retroceso enorme para el país que también se lleva por el medio la nacionalización del ‘76 y todo el pensamiento nacionalista petrolero venezolano.
Esto lamentablemente se… pic.twitter.com/nqNsXpulEb
— Rafael Ramírez (@RRamirezVE) January 27, 2026
Ramírez, quien también fue presidente de Pdvsa entre 2004 y 2013, apuntó que la ley le permitirá a las compañías privadas comercializar el petróleo que antes estaba ‘reservado’ constitucionalmente para el Estado. “Habría ahora que saber a favor de quién se entrega el petróleo de los venezolanos”, cerró.
Estados Unidos levanta algunas sanciones
El gobierno de Trump emitió una licencia general que suprime las sanciones impuestas a algunas transacciones comerciales con petróleo venezolano, dando lugar a las petroleras estadounidenses a operar en el territorio sudamericano.
Así lo anunció el Departamento del Tesoro luego de la promulgación de la nueva ley de Venezuela en el rubro. Esto también sucede semanas después del diálogo del presidente con una veintena de compañías de EE. UU., donde los arengó a invertir en el país latinoamericano.
Esta licencia da un permiso general más amplio que el que estaba vigente desde el mandato de Joe Biden, el cual era individual y en casos puntuales, como Chevron. Además, impone condiciones específicas y prohibiciones, como que las transacciones solo estarán disponibles para las empresas de EE. UU. que estaban establecidas en Venezuela antes del 29 de enero. En tanto los pagos a entidades locales se harán a una cuenta bancaria controlada por Washington.
Por otro lado, para no ser sancionadas, los contratos que las empresas de EE. UU. alcancen con el Gobierno de Venezuela o PDVSA, serán regidos bajo las normas de Washington y los litigios se harán allí.
Esta nueva licencia restringe pagos que no le parezcan razonables a Washington o que involucren personas o empresas ubicadas en Rusia, Irán, Cuba o Corea del Norte.
Con EFE
