A finales de la década de los años 80 Gabriel García Márquez escribió la novela histórica El General en su Laberinto, recreando los últimos días del Libertador Simón Bolívar, uno de los principales líderes de los procesos de independencia política desarrollados en América del Sur en el primer cuarto del siglo XIX y figura manipulada al colmo de la absurda idolatría por parte del régimen político venezolano actual.
Hoy y después de varios años de dominio chavista en las distintas esferas del Estado venezolano, vemos una nación sumida en su propio laberinto, con un régimen autoritario enquistado y que echa mano de las glorias y figura del Libertador para justificar sus abusos e irregularidades, las cuales trascienden todos los límites legales, morales y éticos de una sociedad moderna.
La democracia hace varios años dejó de estar presente en la sociedad venezolana. La toma sistemática de todos los Poderes del Estado y la intervención y nacionalización de varias empresas privadas por parte de las autoridades políticas del Ejecutivo, ha dejado como consecuencia una sociedad sumida en la miseria, la falta de legalidad en los procesos judiciales, el matonismo de los militares, la deslegitimación de su aparato diplomático y más preocupante aún, el abuso sistemático contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus habitantes.
La más reciente estocada a la institucionalidad democrática, fue propinada la semana pasada cuando el Tribunal Supremo de Justicia asume el rol que le corresponde a la Asamblea Nacional. Esto no es otra cosa más que disolver el Parlamento, incómodo para el régimen de Maduro, por encontrarse en manos de la oposición y delegar sus funciones al máximo órgano del Poder Judicial conformado por jueces afines al oficialismo; al tiempo que el máximo Tribunal arrebató a los diputados opositores la inmunidad parlamentaria y concedió atribuciones especiales a Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil.
Decisión, que fue criticada ampliamente por distintos sectores dentro y fuera de Venezuela, incluida la propia Fiscal General otrora aliada del régimen y que denunció la ruptura del orden Constitucional en dicha nación; lo que conllevó a que el pasado sábado el Tribunal Constitucional rectificara parcialmente sus decisiones devolviendo sus facultades al Congreso y restableciendo la inmunidad de los legisladores, pero reafirmando que el órgano legislativo se mantiene en “desacato”.
Cabe destacar que en la región, los atropellos a la institucionalidad venezolana y los abusos contra los derechos humanos en este país sudamericano, han sido denunciados reiterada y valientemente por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a pesar de los ataques del régimen y sus aliados regionales cuyas conciencias y voluntades han sido comprados por el petróleo y los dólares que les facilitan desde Petrocaribe; instancia a la que al menos nuestro país nunca ingresó gracias a la congruencia y visión de nuestros dos anteriores Gobiernos.
Sin embargo, salvo contadas excepciones como la peruana, las voces que no se escuchan con fuerza son las de los Gobiernos del área. Más allá de tímidas declaraciones que invitan al diálogo, las formalidades de la diplomacia parecen priorizar en intereses políticos y económicos que convierten en moneda de cambio los derechos humanos y libertades fundamentales de seres humanos que sufren bajo un régimen autoritario.
Si el resto de la región no actúa con contundencia, la posición debe ser de decepción, pero cuando es el Gobierno de una nación como Costa Rica, con su historia de lucha por la paz, la justicia, la libertad y los derechos humanos, quien se mantiene temerosa, indecisa y excesivamente parsimoniosa, la posición debe ser de alarma, preocupación e indignación. La libre autodeterminación de los pueblos y la no intromisión en asuntos de otros Estados, son principios de derecho internacional que aplican entre democracias con condiciones básicas de libertad y justicia. No pueden convertirse en una mordaza para callar ante arbitrariedades, pues el silencio y la indiferencia nos convierten en cómplices de tales atrocidades.
No solo se trata de declaraciones contundentes y de activar los instrumentos que brinda la OEA, se trata de que el Gobierno actual haga también un llamado a los demás Estados a dar una utilidad funcional a los demás foros, organismos y mecanismos de integración, porque si no son capaces como mínimo de actuar contra la violencia, la injusticia y los atropellos de un Estado para con su pueblo, en realidad no tienen razón de ser, debiendo replantearse su existencia y burocracia en una región rica pero diametralmente desigual como la nuestra.
Como sabiamente afirmaba el escritor y pensador Albert Camus: “La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas”.