Caracas, 15 jun (elmundo.cr) – Defensores de los derechos humanos siguen acusando al gobierno de Nicolás Maduro y a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de cometer detenciones arbitrarias, torturas contra detenidos, ejecuciones y desapariciones forzadas— con impunidad y silencio absoluto de las autoridades judiciarias cómplices del régimen.
Las FAES son el brazo armado del terrorismo de Estado, es calificado por organismos internacionales como un cuerpo de exterminio y denunciado internacionalmente por ser el autor de miles de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela continúan indisturbados realizando numerosas acciones ilegales contra la población civil.
Durante su visita a Venezuela en junio del 2019, la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet determinó en un informe que las FAES eran responsables por el asesinato de centenares de personas, por lo que recomendó la disolución de ese cuerpo policial, dos semanas más tarde, Nicolás Maduro expresó su respaldo al cuerpo policial. “Todo el apoyo al FAES”, aseguró.
En el primer trimestre del 2020, -según datos de la ONG Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC)-, se registraron 357 presuntas ejecuciones extrajudiciales. La directora de COFAVIC, Liliana Ortega, señaló que la situación preocupa aún más por las nuevas estrategias de las autoridades venezolanas en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19 ya que están aumentando las agresiones y abusos de ‘la furia bolivariana’ para proteger la nación de los enemigos y agentes intervencionistas que se transforman fácilmente en detenciones arbitrarias de los opositores y en muchos casos sus asesinatos.
Los operativos y los enfrentamientos en Venezuela son politizados para justificarlos, una de las mayores preocupaciones entre los defensores de los Derechos Humanos es que desde hace muchos años no se respetan los procedimientos judiciales e investigativos para esclarecer los asesinatos. Entre las falencias del sistema, Liliana Ortega destaca “junto con el temor de las víctimas a sufrir ulteriores represalias, la situación de provisionalidad de la mayor parte de miembros del Poder Judicial impiden el esclarecimiento pleno de los hechos, así como la identificación y sanción de los culpables. Esto crea un clima de impunidad extendido”.
Los familiares de las víctimas -además de ser sometidos a amenazas, agresiones físicas y psicológicas- “en algunos casos sin explicación se les obliga a salir de sus viviendas y en otros casos se les obliga a presenciar la ejecución extrajudicial de sus seres queridos”. Además, Ortega agrega que, según los reportes de las víctimas, es común “la destrucción de bienes, enseres y fuentes de sustento económico para estas familias que ya tienen una vida muy precaria”.
Pero lo que más podría impedir a familiares denunciar es que “en varios casos, luego de la ejecución de los crímenes, las autoridades amenazan a familiares y vecinos de la comunidad con regresar y asesinar al resto de sus familias para eliminar testigos, inhibir la denuncia y crear un clima de terror y sometimiento generalizado”.
Ante el ocultamiento de las cifras oficiales, existen varias investigaciones independientes que alertan sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. COFAVIC condujo su propio monitoreo y logró “registrar un total de 10.971 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales desde el 2012 hasta el mes de diciembre de 2019”, dice Ortega y agrega que “el 98% de estos casos son víctimas del género masculino y en el 75% de los casos son menores de 25 años”. Otras investigaciones como la de Human Rights Watch estiman que desde el 2016 murieron en Venezuela casi 18.000 personas en situaciones “de resistencia a la autoridad”.
La esperanza para las víctimas, los defensores de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil es que el Estado aplique las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, en su informe sobre la situación de Venezuela. La Alta Comisionada ONU manifestó su preocupación por los planes de seguridad ciudadana como mecanismo de control social, pidió la disolución de las FAES y realizar investigaciones independientes para atender a las víctimas.
