San Salvador, 17 jun (VOA) – Una semana antes de que la Fiscalía de El Salvador anunciara la detención de 15 empleados de una cooperativa acusados del delito de desfalco, dos salvadoreños de 68 y 72 años no se imaginaban lo que estaba por venir: desde el 11 de mayo han emprendido una lucha por recuperar el dinero que le confiaron a una institución que les prometió un retiro digno y sin dificultades, pero al día de hoy solo les genera zozobra y pobreza.
El “Caso Cosavi”, como se le conoce a este caso de desfalco en El Salvador, no ha sido el único, pero sí el más reciente. Según la Fiscalía y la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, desde 2015, directivos y empleados de una organización registrada como Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (Cosavi) lavaron unos 35 millones de dólares, desviándolos a cuentas bancarias en otros países como Estados Unidos y Alemania.
Como resultado de eso, miles de personas quedaron sin sus ahorros.
Cuatro afectados por el desfalco, en representación de un grupo de 600 personas, hablaron con la Voz de América sobre lo ocurrido optando por no revelar sus nombres para preservar su seguridad.
“Yo ya perdí 20 libras por todo este entuerto. Mi esposa tiene gastritis crónica. Cuando comenzó el problema (rumores de que no entregaban el dinero solicitado) fuimos a la cooperativa y nos dijeron que todo estaba bien y que solo estaban cambiando de banco. Luego anunciaron las capturas. Literalmente hemos perdido nuestro sueño de tener un retiro digno”, dijo a la Voz de América, un hombre de 72 años junto a su esposa de 68.
El rumor del desfalco, confirmado luego por las autoridades salvadoreñas, provocó que miles de personas acudieran a las oficinas de la institución financiera a intentar intentar retirar el dinero ahorrado, pero la Superintendencia, una institución gubernamental, ha manejado el caso a capas, es decir, devolviendo el dinero de los ahorrantes por bloques de dinero de menor a mayor.
El 12 de junio, la superintendente Evelyn Gracias, dijo a los medios locales que los clientes de la cooperativa que tuviesen montos menores a los 6.000 dólares podían tramitar su devolución. Esto, desde luego, no aplica para algunas personas que tienen su dinero bajo un programa de pensiones, o que ahorraron a plazos y esperaban retirarlo cuando vencieran los plazos acordados.
“¿Qué va a pasar si la Superintendencia llega a mi rango ahorrado, pero el plazo no me permite retirarlo. ¿Qué va a pasar con mi dinero? Hay empresas que tienen todo su dinero en esta cooperativa”, agrega a la VOA un hombre de 44 años, quien tiene un fondo de ahorro para negocio paralizado.
El desfalco ha dejado a muchos sin pensiones, sin ahorros netos, y a las empresas involucradas en un limbo, pues operaban con las ganancias ahorradas.
Este caso se ha convertido en un escándalo público en El Salvador, no solo por el riesgo que hay de que miles de salvadoreños puedan perder los ahorros de su vida como ha ocurrido con otros desfalcos en el pasado, sino porque también tiene implicaciones políticas.
En 1997, miles de personas también perdieron su dinero tras la quiebra de la empresa Finsepro, señalada de desfalcar varios millones de dólares. Este, junto con el de Cosavi, han sido los casos de desfalco más grandes en el país centroamericano, pues la cooperativa, a parte de patrocinar conciertos y diferentes eventos culturales, también financió con 60.000 dólares la campaña del partido político Nuevas Ideas, oficialista y con mayoría absoluta en el Congreso.
Recientemente, el grupo de legisladores del partido se negó a crear una comisión para investigar el desfalco. Tampoco hay alguna propuesta para devolver el dinero de los clientes que estaban ahorrando por medio de un fideicomiso, como lo proponen algunos.
Aunque la Superintendencia mantiene un plan de devolución, algunos de los afectados piden que se haga mediante fideicomiso, pues les garantizaría que obtengan su dinero sin esperar bloques, pues algunos podrían tardar hasta tres años, explicaron.
“Hemos ido a la Fiscalía, a la Asamblea Legislativa, a Casa Presidencial, al arzobispado y no hay respuestas. Nos sentimos solos”, agregó a la VOA, una mujer de 64 años.
Varios de los afectados dependen de un fondo de pensiones que les garantiza la supervivencia mes a mes, pero que desde mayo no logran obtener por el desfalco. Mientras tanto, la Superintendencia pide paciencia.
“No se le puede honrrar a todos de una sola vez, por eso estamos haciendo las devoluciones graduales”, agregó Gracias, la superintendente.
En el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador se reportan cada vez más casos de desfalco financiero. En Guatemala, por ejemplo, la cooperativa de ahorro “El Monolito” dejó de pagar las remesas que cientos de guatemaltecos recibían a través de la cooperativa debido a un desfalco.
A finales de 2022, Honduras también procesó a 14 implicados en un megafraude de unos 158 millones de lempiras, equivalentes a unos 6,4 millones de dólares. El Estado fue el principal afectado con el desfalco.
