Ciudad de Guatemala, 12 sep (elmundo.cr) – Mediante un comunicado el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó que “ante los allanamientos que realiza el Ministerio Público en instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral y el Registro de Ciudadanos, el TSE expresa su profunda preocupación y ratifica que, como máxima autoridad en materia electoral en la República de Guatemala, cumplió y cumple con todos los procedimientos establecidos en la Constitución Política y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos para garantizar la integridad del proceso electoral y la certeza en los resultados”.
Desde el Tribunal detallaron que “la voluntad popular expresada en las urnas, de conformidad con el artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos ha sido plenamente resguardada y respetada con el actuar de las Juntas Receptoras de Votos, Juntas Electorales Municipales, Juntas Electorales Departamentales, Junta Electoral del Distrito Central y Junta Electoral de Voto en el Extranjero, hasta llegar a la oficialización de resultados, con lo que se dio la validez tanto de las elecciones generales del 25 de junio como de la segunda elección presidencial del 20 de agosto, así como con la entrega de credenciales que finalizan ambas etapas. Vulnerada la cadena de custodia del voto luego de las audiencias de revisión de escrutinios efectuadas conforme a la Ley, pone en riesgo el sistema electoral guatemalteco, la democracia y sus procedimientos, violentando los derechos cívicos de los ciudadanos expresados en las urnas”.
“Esta inédita contravención a la Ley Electoral y de Partidos Políticos muestra que la intencionalidad no es garantizar la voluntad popular, sino generar incertidumbre y dudas sobre un proceso que es propiedad de los ciudadanos guatemaltecos. Una vez que la cadena de custodia y el principio de preclusión se han violado, el Tribunal Supremo Electoral no puede garantizar que el contenido de las cajas electorales abiertas sea el mismo con el que se recibieron luego de las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto de 2023”, manifestaron.
Ante esto, “invocamos, una vez más, a que los poderes de la República y los organismos de control actúen en el marco del Estado de Derecho y no en función de intereses particulares. Los procedimientos y normas que garantizan la democracia no pueden ser violados sin seguir un debido proceso, y las garantías procesales inherentes”.
“Ratificamos el reconocimiento a la participación de millones de guatemaltecos que, con civismo y de manera pacífica, acudieron a las urnas tanto en las elecciones generales como en la segunda elección presidencial. Sus votos fueron celosamente resguardados y contados
por más de 125,000 ciudadanos que de manera responsable y comprometida, asumieron funciones de órganos electorales temporales de conformidad con la ley especial de la materia”, concluyeron.
