Ciudad de Panamá, 6 ene (EFE).- En Panamá “¿nos vamos a indignar con los casos de corrupción de la manera como nos indignamos con la mina? Porque si hiciéramos eso, aquí no habría un solo político corrupto en el poder”. Esa es la certeza que expresa en una entrevista con EFE la panameña Annette Planells, galardonada por Estados Unidos por su activismo contra la corrupción.
Al final, reflexiona esta ingeniera, “los políticos hacen lo que los ciudadanos les permiten hacer”. Prueba de ello, asegura, son las protestas masivas de octubre pasado contra la cuestionada operación de una mina de cobre a cielo abierto, la más grande de Centroamérica, que terminó inhabilitada por un fallo de la Corte Suprema de Panamá que, por segunda vez y al igual que en 2017, declaró el contrato de concesión inconstitucional.
Planells, quien en diciembre pasado recibió el Premio Internacional a Activistas Anticorrupción en 2023 que otorga el Departamento de Estado estadounidense, tiene claro que la corrupción “está arraigada” en Panamá, y que urge “cambiar la cultura” sobre lo que, como sociedad, está o no permitido.
La situación de Panamá
En Panamá se han hecho “esfuerzos importantes” en la lucha contra la corrupción, aunque también se han registrado retrocesos durante el Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), afirma Planells, que asumió en diciembre pasado la presidencia de la Corporación La Prensa (Corprensa), que edita el diario panameño La Prensa.
“En transparencia han habido unos retrocesos abismales”, dice citando los obstáculos para la publicación de las planillas estatales, “los casos de corrupción que ha salido especialmente de la Asamblea Nacional (Legislativo) y que no han podido ser ni investigados ni juzgados (…) y los del Órgano Ejecutivo” con la presunta repartición irregular de fondos públicos entre correligionarios. Todas esas denuncias han sido rechazadas por los implicados.
Por otra parte, “un avance importante” en la lucha anticorrupción ha sido el nombramiento por parte de Cortizo en el Supremo de “magistrados, magistradas en su mayoría, con una trayectoria impecable”, así como implementación de la Carrera Judicial y “el avance de algunos casos emblemáticos de corrupción”.
Pero a juicio de Planells, la sociedad panameña está ahora “en una encrucijada” y corre el “peligro de que todos esos esfuerzos desaparezcan con la posibilidad de que (el expresidente) Ricardo Martinelli (2009-2014) gane las elecciones de mayo de 2024”.
Martinelli, candidato presidencial de su nuevo partido Realizando Metas (RM), fue hallado culpable de blanqueo en la compra de una editorial de medios y condenado en julio pasado a 10 años y 6 meses de cárcel, un fallo que ya fue ratificado en segunda instancia y que está pendiente de ser o no analizado en casación por el Supremo, la última instancia en la que este puede ser anulado, como pretende el exgobernante para poder seguir en la carrera electoral.
Martinelli y el también expresidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) fueron sancionados en 2023 por “corrupción a gran escala” o “significativa” por el Departamento de Estado de EE.UU.
“Si nos indignáramos contra los abusos que tuvieron expresidentes de la manera en que nos indignamos con el contrato minero, Ricardo Martinelli no estaría ni siquiera marcando en las encuestas”, reclama Planells.
Pero también admite que este “problema” de darle “algo de aval” a la corrupción “tiene que ver con la enorme desigualdad que hay en el país: si una persona no puede cubrir sus necesidades fundamentales (…) cómo le puedes pedir que ponga el combate a la corrupción como una prioridad en su vida”, cuestiona.
Hay que controlar al virus de la corrupción
Sin embargo, la corrupción es “como la covid, no se va a ir, pero hay que controlarla”, agrega, y detalla que esto se logra “primero, a través de instituciones verdaderamente fortalecidas”, como ha ocurrido con el Órgano Judicial durante el Gobierno de Cortizo.
También “hay que cambiar el marco legal”, porque hay “leyes en Panamá que permiten la corrupción” y no existen “herramientas suficientes para combatirla”, dice Planells, que recuerda que muchos de los instrumentos legales necesarios en esta lucha “tendrían que salir de la misma Asamblea Nacional que sabemos que es corrupta”.
Y, añade, hay que “trabajar en una cultura que no permita la corrupción, que nos indignemos con la corrupción, que no escojamos políticos corruptos para que nos gobiernen, que le enseñemos a los funcionarios que estamos, todos, vigilantes” de su proceder. EFE
