Washington, 31 may (VOA) – Durante años, El Salvador estuvo entre los países con uno de los mayores índices de asesinatos en el mundo sin ser una nación en guerra. Según un registro de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en algunos años, el promedio de asesinatos fue de 70 personas por cada 100.000 habitantes.
En 2017, el entonces director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, dijo que en los primeros 10 días de enero se habían registrado 99 asesinatos violentos, casi 10 diarios. Es por eso por lo que uno de los logros más destacados del primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido la notable baja de la tasa de homicidios.
Por tal razón, el ofrecer acciones que redujeran los crímenes, las cifras de muertes y brindar la sensación de seguridad a la ciudadanía ha sido la apuesta más grande, hasta el momento, en la gestión del presidente Bukele, es la opinión del analista político salvadoreño, Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana.
“El presidente ha sabido escoger cuáles son los temas donde puede tener mayor resultado y que eso le va a beneficiar ante la opinión pública y que va a tener a la población contenta y en este caso creo que la mejor y la mayor apuesta del presidente fue en el tema de seguridad pública”, dijo el analista a la Voz de América.
Escobar agrega que, ya que el tema de la inseguridad es uno de los principales problemas sociales que afronta el país, plantear un plan de seguridad, efectivo, sin duda hará que la ciudadanía califique bien al Gobierno.
“Y si a esto le sumamos que se ha mantenido a la baja el tema de los homicidios, eso no se puede ocultar”, acotó.
En un informe reciente, las autoridades de seguridad salvadoreñas aseguraron que la reducción de homicidios, en lo que va de 2020, ha sido de más de 59%, de hecho, el día 8 de mayo no se reportó ningún asesinato, y en total, entre el 1 y 10 de mayo se registraron 25, mientras que en el mismo período, en 2019, hubo 94.
Los números, que son tajantes y de resultados innegables, son reconocidos incluso por la oposición política del país.
“En el campo de la seguridad han seguido bajando los niveles de homicidio. Nosotros veníamos de 22 homicidios bajamos después a 16, bajamos después a 11 y cuando salimos del gobierno lo dejamos nosotros en 8”, dijo el ex vicepresidente de El Salvador y ahora secretario general del FMLN Oscar Ortiz, en declaraciones recientes a la prensa.
Reconoció que los homicidios han seguido bajando como una tendencia irreversible, “Esperemos que siga siendo sostenible este tema porque es importante y allí tenemos que contribuir todos”.
El éxito en esta estrategia permitió, incluso, que el gobierno de Estados Unidos redujera el nivel de alerta de viaje para sus ciudadanos al país centroamericano, un logro que el mismo Bukele anunció con orgullo.
“Estados Unidos va a bajar la alerta turística hacia El Salvador, me estoy adelantando, ojalá que no me lo vayan a quitar por haberlo dicho, pero va a bajar la alerta que es lo que sale ahora cuando quiere viajar a El Salvador; si uno pone El Salvador, le dice reconsidere el viaje, y entonces mucha gente reconsidera el viaje, pero ahora Estados Unidos va a quitar esa alerta entonces eso va a potenciar nuestro turismo muchísimo más”, señaló el mandatario en esa ocasión.
Pero el Plan Control Territorial tiene varias fases de implementación, las cuales requieren altas inversiones que, hasta la fecha, se han visto paralizadas, tanto por la crisis sanitaria, como por el conflicto que existe entre el poder ejecutivo y el legislativo.
Amigos o enemigos del pueblo
A pesar de los resultados en este plan, el Ejecutivo ha mantenido una diatriba contra el congreso salvadoreño, al que acusa de no aprobar todos los fondos solicitados por el gobierno central para seguir aplicando el plan por razones políticas.
La estrategia del presidente y su gobierno se ha basado en relacionar a los diputados con el crimen organizado y ser patrocinadores de la violencia por razones políticas.
Con ese discurso, ha convocado a la ciudadanía para que presione a los legisladores a que aprueben los préstamos para implementar las otras fases del Plan Control Territorial.
La escalada en la presión por obtener los fondos llegó a su cúspide el pasado 9 de febrero, cuando el presidente acudió a la Asamblea Legislativa con un fuerte dispositivo de seguridad desplegado por la policía y el ejército, tras haber hecho una convocatoria de reunión al pleno.
Los diputados no se hicieron presentes, y posteriormente, en su cuenta de Twitter, aseguró que los legisladores son financistas de las pandillas.
Ese hecho llamó la atención de varios organismos de derechos civiles, tanto de El Salvador como Internacionales, entre ellos Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional para las Américas, cuyos directores pidieron al presidente que guardara el respeto a la institucionalidad.
“El presidente Nayib Bukele haciendo ese despliegue militar parece olvidar la nefasta historia de violaciones de Derechos Humanos en el país”, dijo en un tuit Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional, y por su parte, José Miguel Vivanco, cuestionó el concepto sobre democracia que tiene el mandatario.
Desde ese momento, la tensión entre el ejecutivo hacia los otros órganos del Estado, especialmente contra los diputados, ha ido en aumento y es ahora mas visible, en medio de la crisis de salud causada por la pandemia del COVID-19.
Esto, según analistas, podría aumentar y poner en peligro, no solo la imagen del gobierno, sino revertir todos los avances logrados en materia de democracia e institucionalidad de un país que vivió 12 años de guerra civil y que ahora lucha por encontrar la tranquilidad del azote de la delincuencia.
