Por Ernesto Londoño
Río de Janeiro, 27 nov (NYT) – Para los oficiales de policía, ha significado sepultar a 119 de los suyos en lo que va del año y entregar cada vez más territorio a los grupos de narcotraficantes que han reiniciado las ventas al aire libre en las favelas, comunidades atestadas que fueron declaradas “pacificadas” hace apenas algunos años.
Muchos residentes comunes de esta Ciudad de unos 6.5 millones de habitantes planean sus viajes diarios revisando apps que divulgan reportes en vivo de balaceras.
A poco más de un año desde que Río de Janeiro montó unos Juegos Olímpicos de Verano en gran medida exitosos, está plagada de un aumento en la anarquía que evoca sus periodos más oscuros en los años 80 y 90. Durante los primeros nueve meses de este año fueron asesinadas 4 mil 974 personas en el Estado de Río de Janeiro, un aumento del 11 por ciento comparado con el año pasado, de acuerdo con estadísticas del Gobierno estatal.
Ante un déficit presupuestario y cárteles de las drogas cada vez mejor armados y organizados, los funcionarios de Río de Janeiro han recurrido al Gobierno federal en busca de un rescate y al Ejército en busca de respaldo.
“A medida que se reclamaban territorios en las favelas de los narcotraficantes, se necesitaba crear empleos”, dijo Monica de Bolle, del Instituto Peterson de Economía Internacional. “Había la expectativa de que iba a haber una inversión masiva en proyectos sociales en las favelas, y entonces el dinero se acabó completamente”.
Los fiscales federales afirman que funcionarios estatales, entre ellos el ex Gobernador del Estado Sérgio Cabral, convirtieron el gasto en los Juegos Olímpicos en un ejercicio de fraude, al desviar cientos de millones de dólares.
Una tarde reciente en Jacarezinho, en el norte de Río de Janeiro, hombres jóvenes armados con rifles se encontraban parados en los puntos de entrada de un sector controlado por narcotraficantes. Los escolares caminaban por calles atascadas y estrechas. Los puestos de frutas y verduras compartían espacio en las banquetas con mesas donde los vendedores ofrecían pequeñas bolsas de cocaína y mariguana.
Los residentes comunes en este lugar hablan con desánimo tanto de la Policía como de los grupos de narcotraficantes. Entre enero y septiembre, al menos 800 de las personas asesinadas en el Estado fueron muertas a tiros por oficiales de policía.
“Vienen a nosotros con un discurso de que hay una guerra”, expresó Ana Paula Oliveira, activista comunitaria cuyo hijo de 19 años fue abatido por la Policía en el 2014. “Pero esto no es una guerra. Es una masacre de personas pobres que viven en las favelas. Para asegurar que la élite disfrute de seguridad, es necesario matar a los pobres”.
Pero las áreas exclusivas de Río de Janeiro no se han librado del todo. Dos turistas fueron baleadas este año, una de ellas una española que fue muerta por un policía en octubre. La Ciudad perdió unos 200 millones de dólares en ingresos del turismo entre enero y agosto.
Roberto Sá, Secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, dijo que para una mejor seguridad, “necesitamos recursos financieros que el Estado no tiene a su disposición”.
