Por Diego Bazzani
Manifestantes que protestan en contra de la reforma al sistema de Seguridad Social impulsada por el Gobierno saquearon las instalaciones de la compañía bananera Chiquita Panamá e irrumpieron en el aeropuerto de Changuinola este viernes 20 de junio, en la provincia de Bocas del Toro. El Ejecutivo, encabezado por el presidente Raúl Mulino, ha catalogado los hechos de “vandalismo” y ha argumentado que el aumento de la violencia en la zona “tiene motivos políticos”.
El espiral de la violencia en las protestas en Panamá sigue en aumento.
Algunos manifestantes de la ciudad de Changuinola, ubicada en la provincia de Bocas del Toro, saquearon las instalaciones de la empresa bananera Chiquita Panamá, que está adscrita a la multinacional Chiquita Brands.
Además, según fuentes oficiales, los participantes de la asonada “incendiaron parcialmente” un estadio de fútbol” y entraron al aeropuerto de la localidad, donde rompieron ventanas, dañaron gravemente decenas de vehículos e intentaron robar elementos que se encontraban en las oficinas de la terminal.
Según medios locales, como respuesta a lo ocurrido, la Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá (AAC) informó que las operaciones del Aeropuerto Capitán Manuel Niño quedan suspendidas indefinidamente, por lo que la entidad denominó como “actos de vandalismo”.
Por su parte, el Ejecutivo del país centroamericano ha condenado de forma vehemente lo sucedido, declarando que quienes perpetraron los daños hacen parte de “grupos delictivos”.
“El Gobierno Nacional informa al país que la situación en la provincia de Bocas del Toro ha escalado peligrosamente en las últimas horas, como resultado de actos de violencia perpetrados por grupos radicalizados y elementos delictivos que han infiltrado las manifestaciones”, señaló el Gobierno la noche del jueves.
A su vez, el presidente Raúl Mulino aseveró que tomará “acciones constitucionales” en la provincia de Bocas del Toro para hacer frente a lo acontecido.
Entretanto, varias vías principales de la región continúan bloqueadas por manifestantes. Según las autoridades panameñas, hay más de 10 puntos, en donde ciudadanos han construido barricadas con troncos de árboles para evitar el tránsito normal de vehículos.
Ante intensificación de los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, Mulino envió esta semana un fuerte contingente de efectivos, con unas 1.500 unidades, para despejar las carreteras bloqueadas en Bocas del Toro en la denominada´Operación Omega´, que ha dejado al menos 55 detenidos y dos policías heridos.
La Policía intenta reabrir las carreteras por medio de operativos con gases lacrimógenos. Este jueves, el viceministro de Seguridad Pública, Lusi Felipe Icaza, denunció que algunos participantes de las manifestaciones, se encuentran lanzando “fuegos artificiales y artefactos de fabricación doméstica en contra de miembros de la Fuerza Pública”.
Entre la represión policial y el descontento por las condiciones laborales
La provincia ubicada en la frontera con Costa Rica ha sido uno de los epicentros de las manifestaciones, que completan casi dos meses.
Empleados de compañías bananeras, profesores de instituciones educativas públicas y sindicalistas se pronuncian en contra de una reforma al sistema de Seguridad Social, impulsada por el gobierno de Mulino.
Los ciudadanos descontentos piden que se derogue la ley 462, que reforma el funcionamiento de la Caja de Seguro Social, la entidad estatal que administra los ahorros de los trabajadores.
Según sus detractores, la norma aumenta la edad de jubilación y privatiza las pensiones, lo que el gobierno niega. La situación ha provocado desabastecimiento en la zona y pérdidas millonarias.
Progresivamente, miles de trabajadores de compañías bananeras de Bocas del Toro y otras regiones del país se fueron uniendo a las marchas, argumentando que la nueva legislación también afectaba sus beneficios y derechos laborales.
Como consecuencia, algunas empresas dedicadas a la exportación de banano, decidieron hacer recortes de personal. Por ejemplo, Chiquita Panamá, una de las mayores productoras de la región, decidió cerrar operaciones y despedir a todos sus trabajadores en mayo después de que los jornaleros fueran a un paro.
El tira y afloja del Gobierno Mulino con los manifestantes
Tras luego de semanas de negociaciones entre el Gobierno y el sindicato bananero, está semana entró en vigor una nueva ley, que cuenta con nuevos beneficios y prebendas para los trabajadores de este sector productivo, a cambio de que se levantaran los bloqueos en Bocas del Toro y otros sectores del oeste del país.
Sin embargo, algunos sectores decidieron no acogerse al pacto y decidieron continuar protestando y enfrentado periódicamente a los efectivos de la Fuerza Pública en las carreteras de la zona.
Por lo que varios integrantes del Ejecutivo han declarado que las protestas ya no tienen que ver con la reforma al Sistema de Seguridad Social, sino que realmente se llevan a cabo por motivos políticos.
Este viernes, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral declaró que “actores políticos que buscan aprovecharse de la coyuntura para impulsar sus propias agendas y luego venderse como salvadores”.
Por medio de un comunicado, la Presidencia de Panamá denunció que los hechos catalogados como “vandálicos” no hacen parte de “la protesta legítima”. Además, el texto denuncia que hay actores políticos que se encuentran tratando de sacar provecho de la zozobra.
“No podemos seguir permitiendo que sectores políticos irresponsables utilicen a la población como instrumento de presión, fomentando el caos y luego presentándose como falsos mediadores”, reza el documento.
Con EFE y medios locales
