Rusia, el “Gran Hermano” y el COVID-19

Moscú, 30 abr (elmundo.cr) – En Moscú y en otras partes de la Federación Rusa, la epidemia de coronavirus ha servido de excusa a las autoridades para fortalecer los sistemas de control biométrico que encienden la discusión sobre la intervención estatal en la privacidad de los rusos y esta situación está desatando una serie de acciones legales contra el Departamento de Tecnología, que administra el programa de vigilancia.

En una ciudad de 16 millones de habitantes, las cámaras de video vigilancia desempeñan un papel crucial en la lucha contra la criminalidad, el terrorismo y ahora el coronavirus. Moscú ya tenía 170,000 cámaras de seguridad y 100,000 de ellas fueron recientemente actualizadas con tecnologías biométricas. Los algoritmos de la FindFace Security,-ahora propiedad del municipio moscovita- fueron instalados poco antes de que estallara la epidemia.

Los opositores a Vladimir Putin y los activistas pro Derechos Humanos no están de acuerdo con el uso que se está haciendo de esa información, para Alena Popova, abogada y activista, el sistema de vigilancia biométrica es solo otra coartada del gobierno contra las libertades civiles de los ciudadanos. “El uso invasivo de tecnologías de reconocimiento facial es una forma de vigilancia estatal y el gobierno ciertamente lo usará contra los opositores políticos”, dijo Popova.

“Hoy en día, el uso de sistemas de reconocimiento facial violan la ley de la Federación Rusa sobre el tratamiento de los datos personales, los datos biométricos se pueden recopilar solo con el consentimiento de cada ciudadano”, recordó el abogado Kirill Koroteyev.

Artiom Kuharenko, director ejecutivo de la NtechLab, creadora y administradora del sistema, explicó que el algoritmo “funciona sobre la base de redes neuronales entrenadas para determinar las características únicas de la cara y los atributos -género, edad, gafas, barbas-y luego encontrar caras similares” en la base de datos gestionada “por el cliente”. Presume que pueden “reconocer caras parcialmente ocultas por máscaras médicas, pañuelos y cascos de motocicleta”.

Esta nueva tecnología genera gran inquietud en las organizaciones por los Derechos Humanos, que advierten su posible utilización en la represión política, en un país donde va gestándose un creciente descontento social. “Esto va a convertir a Moscú en una prisión a cielo abierto”, advierte Sarkis Darbinian, de Roskomsvoboda, una organización especializada en la protección de los derechos de los internautas. “Las cámaras están por todas partes, en las calles, en los portales incluso, pese a que es un espacio privado, nos van a poder controlar en todos sitios”, dijo.

Pável Chíkov, abogado al frente de la organización Ágora, dijo que esos cientos de miles de cámaras, capaces de poner nombre y apellido a un rostro anónimo en cuestión de segundos, van a tener “un efecto disuasorio” entre quienes se sientan tentados de salir a protestar contra las pretensiones de Vladímir Putin de convertirse en presidente vitalicio. “Teniendo en cuenta lo corrupto del sistema en Rusia, es muy plausible que la información personal acabe en el mercado negro” y vendida al mejor postor, denunció.

Levada, el único instituto de sondeos independiente en el país, detectaba una creciente desafección popular hacia el líder del Kremlin y, sobre todo, hacia sus planes de convertirse en presidente vitalicio del país mediante una cuestionada reforma constitucional. En el último sondeo, sostenía que la opinión pública estaba dividida por la mitad -48% a favor y 47% en contra- unos números muy reducidos para las pretensiones del Kremlin, que pretende convertir el referéndum en un nuevo acto de adhesión popular a Putin.

El verdadero problema es futuro de la democracia en Rusia, que era exigua antes de la epidemia. Se trata de una trazabilidad total, que involucra a compañías privadas, y públicas, en un proceso de escrutinio que permitirá bloquear cualquier actividad no deseada por las autoridades, espiar legalmente a los opositores y disidentes, y también usar el pretexto de la violación de la cuarentena para encarcelar a los opositores. Muchos disidentes también temen que una vez que termine la emergencia, las cámaras no se apagarán y el “Gran Hermano” seguirá.

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