El Ejército de Estados Unidos seguirá teniendo acceso a dos aeropuertos de República Dominicana en medio de su alegada lucha contra el narcotráfico por los próximos cuatro meses.
El acuerdo, firmado la semana pasada con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se produce en un momento en que Estados Unidos intensifica su despliegue militar y sus ataques letales contra supuestos barcos con narcotraficantes en el Caribe, a la vez que aumenta la presión sobre el Gobierno de Venezuela.
Este martes 2 de diciembre, el mandatario dominicano, Luis Abinader, precisó que el pacto se extenderá hasta abril de 2026.
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Trump analiza medidas sobre Venezuela con su equipo de seguridad nacional
La campaña de presión sobre Venezuela fue uno de los puntos que el presidente estadounidense Donald Trump abordó el lunes en una reunión con sus principales asesores, según confirmó un alto funcionario estadounidense.
Aunque no dio a conocer detalles de las conversaciones, el funcionario, que habló bajo anonimato, señaló que la reunión en el Despacho Oval incluyó a miembros de alto rango del equipo de seguridad nacional de Trump.
Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el lunes, su portavoz Karoline Leavitt no respondió directamente a la pregunta de si el presidente estadounidense había tomado una decisión final sobre una posible intervención de Estados Unidos, afirmando que “seguramente no entraría en los detalles de la reunión”.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, por su parte, aseguró que no se dejaría intimidar, durante una manifestación que reunió a miles de sus partidarios en Caracas.
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Operativos de Trump en el Caribe
La sesión en la Casa Blanca tuvo lugar mientras Trump incrementa la presión sobre Venezuela en medio del mayor despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe en décadas. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la operación incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado de cazas F-35 operando en la zona.
Desde agosto, al menos 20 ataques han sido ordenados por Trump contra presuntas “narcolanchas” en el Caribe, todos ejecutados sin que se hayan presentado pruebas y que han dejado 83 muertos. Diversas organizaciones de derechos humanos y ONG denuncian que estos operativos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, e incluso la ONU cuestiona la legalidad de las operaciones.
El lunes, la Casa Blanca confirmó que hubo un segundo ataque contra los dos sobrevivientes de un bombardeo a una lancha en el Caribe, pese a que Donald Trump había defendido a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, de ordenar ejecuciones. La portavoz Karoline Leavitt admitió que Hegseth autorizó la operación “dentro del derecho de conflicto armado”.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que, en caso de ataques contra Venezuela, volvería a someter a votación una resolución destinada a prohibir que la Casa Blanca utilice fuerzas armadas en la región sin la aprobación previa del Congreso.
El sábado, Trump afirmó en la red social Truth Social que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”, pero no ofreció más detalles, lo que generó una respuesta de rechazo de Nicolás Maduro que calificó el hecho como “amenaza colonialista”.
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Entre el Cartel de los Soles y ataque a soberanía
Trump confirmó el domingo que había hablado con el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos considera un líder ilegítimo, pero se negó a proporcionar detalles de la conversación.
La administración Trump ha estado evaluando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que describe como el Cartel de los Soles, una red de mandos militares y políticos venezolanos a la que Washington atribuye un papel central en el tráfico de cocaína, que fue formalmente designada por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) a finales de noviembre de 2025, y cuyo líder, según Trump, es el actual presidente de Venezuela.
Esa designación llega después de años de acusaciones previas contra Nicolás Maduro. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia lo imputó por narco-terrorismo y otros cargos relacionados con narcotráfico y ofreció una recompensa por información que llevara a su detención. En agosto de 2025, Estados Unidos informó que duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro de US$25 millones a US$50 millones.
Caracas desmiente esta información y responde que el objetivo de la administración Trump es derrocar al presidente venezolano y quedarse con el petróleo del país.
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Venezuela acusa a la CPI de desatender sus deberes para justificar “colonialismo jurídico”
Después de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara el lunes el cierre de su oficina en Caracas al argumentar la falta de “progreso real” con el país suramericano, la Administración del presidente Nicolás Maduro acusó a la entidad de desatender sus deberes para justificar un “colonialismo jurídico” en contra de Venezuela.
“Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda antiVenezuela impulsada desde centros hegemónicos”, indicó la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram.
En 2018, la CPI abrió la investigación sobre Venezuela tras una remisión de varios países. Nicolás Maduro intentó frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas hasta que la Corte rechazó esa posición en 2023 y en 2017 autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad.
Han transcurrido siete meses desde la inauguración de la oficina de la CPI, pero el Gobierno venezolano indicó que la Fiscalía “nunca designó personal para ocupar dichos espacios”.
“Tampoco formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas”, apuntó.
En el discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI, el fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó que pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, por lo que decidió clausurar la oficina, que existía en ese país desde 2024.
Sin embargo, la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
Con AFP, Reuters y EFE
