Ginebra, 8 nov (NoticiasONU) – El Gobierno de Nicaragua está atacando sistemáticamente al sector universitario del país en una campaña represiva dirigida a suprimir la disidencia y la libertad de expresión, afirmó este viernes un grupo de expertos de las Naciones Unidas.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua* ha documentado en un nuevo informe, amplias violaciones de derechos humanos contra estudiantes, docentes y demás personal universitario.
Estas incluyen, entre otras, violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, a la educación y la libertad académica, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de circulación y a la nacionalidad. Según el Grupo, algunas de estas violaciones constituyen, a su vez, los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos.
El documento, de 96 páginas, indica que las autoridades han utilizado la violencia física y psicológica, incluidas amenazas, intimidación, palizas y aislamiento prolongado -que en algunos casos podría equivaler a tortura- contra estudiantes y profesores, especialmente aquellos detenidos arbitrariamente, por haber participado en las protestas de 2018 o por criticar públicamente al Gobierno.
Coordinación de los poderes del Estado
Otra de las conclusiones apunta a la existencia de una “coordinación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial” para cometer violaciones de los derechos de los estudiantes y el personal universitario.
“El Gobierno nicaragüense ha atacado directamente a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de control político,” afirmó el presidente del Grupo.
Jan Simon destacó que la comunidad académica “merece espacios seguros y libres para expresar ideas y contribuir al desarrollo social del país, y estos derechos deben ser restaurados urgentemente”. Añadió que, con estas acciones, el Gobierno “está hipotecando el futuro del país”.
Cierre de universidades y expulsión de estudiantes y profesores
El informe destaca el cierre de múltiples universidades en las que se habían permitido movimientos sociales o de oposición al Gobierno, y la expulsión arbitraria de estudiantes y profesores críticos con las autoridades.
En las universidades que no se cerraron, el Gobierno ha instituido medidas de control político, imponiendo restricciones a la libertad académica y de investigación y limitando el acceso a la educación de las personas percibidas como opositores, indica el documento. Estas acciones reflejan un patrón de violencia y represión diseñado para sofocar cualquier voz de resistencia, incluso dentro del ámbito universitario, tradicionalmente un espacio de libertad y de debate.
Según el documento, que incluye una lista de 40 universidades cuya personalidad jurídica fue cancelada o cuya naturaleza jurídica fue modificada, ya no quedan instituciones universitarias independientes.
Llamamiento a la comunidad internacional
El Grupo de Expertos hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que inste al Estado nicaragüense a restablecer la autonomía universitaria y garantizar la seguridad y la libertad de expresión en el ámbito académico.
“Urge una acción internacional para proteger la integridad de las y los estudiantes, docentes y profesionales del sector universitario en Nicaragua”, afirmó Simon.
