Managua, 11 may (elmundo.cr) – El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado la disolución de la Cruz Roja de Nicaragua, una organización humanitaria creada en 1931, cuando la ciudad de Managua fue sacudida por un terremoto y luego arrasada por un incendio.
La primera secretaria del Parlamento, la diputada sandinista Lorna Dixon, remitió este miércoles una iniciativa de ley que deroga el decreto fundacional del organismo, y manda a confiscar los bienes de la asociación y “traspasarlos” al Ministerio de Salud (Minsa).
El principal argumento del sandinismo es que la Cruz Roja Nicaragüense se rige por los “principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad y neutralidad”.
El régimen alega que la asociación de Nicaragua “actuó contra esos principios” en 2018, el año de las masivas protestas sociales contra la pareja presidencial. En ese entonces, la organización humanitaria se volcó a las calles a curar y a atender a los miles de heridos que dejó la represión policial y paramilitar.
“En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta Asociación actuaron en contra de estos principios y de su Acta Constitutiva y Estatutos; y la Asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”, indica el documento aprobado por los legisladores sandinistas.
De igual forma el régimen Ortega-Murillo sostiene que la Cruz Roja nicaragüense ha incumplido “sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley N° 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL)”, al no presentar “estados financieros, balance contable, declaración fiscal, falta de verificación de sus donantes y proveedores de fondos, información desactualizada en el registro del Ministerio de Gobernación”.
“Todo el Patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Nacional llamada Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado, y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense, ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud (MINSA)”, establecen los legisladores sandinistas.
