Régimen Ortega-Murillo cancela personalidad jurídica del Incae

San José, 25 sep (elmundo.cr) – El Gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, ordenó este lunes 25 de septiembre la cancelación de la personalidad jurídica del Instituto del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae).

El Gobierno acusa a la institución de no cumplir con sus obligaciones tributarias y de obstaculizar el proceso.

La orden se dio a conocer a través de un acuerdo del Ministerio de Gobernación de Nicaragua.

Entre los argumentos de las suspensión están la no presentación de estados financieros de 2020, 2021 y 2022, además que “se detectaron inconsistencias” en los estados financieros del periodo 2015-2019 y la obstaculización del control y vigilancia de la de la Dirección de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación.

El Incae se fundó en 1964, por iniciativa de los gobiernos y la comunidad empresarial centroamericana, con el apoyo del presidente estadounidense John F. Kennedy y la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.

La sede central se encuentra en Managua y cuenta con un campus ubicado en Alajuela, Costa Rica.

El Acuerdo Ministerial señala también que se incumplieron los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros.

“Al no cumplir sus obligaciones, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se les otorgó personalidad jurídica y registro”, agrega

Respecto al destino de los bienes muebles e inmuebles, el Acuerdo Ministerial, firmado por Amelia Coronel Kinloch, ministra de Gobernación, indica que corresponderá a la Procuraduría General de la República “realizar el traspaso inmediato de estos a nombre del Estado de Nicaragua”.

La institución clausurada fue sede principal del segundo intento de diálogo entre miembros del régimen de Daniel Ortega y agrupaciones de la sociedad civil, con lo que buscaban una salida a la crisis provocada por la represión armada de 2018.

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