Ciudad de Guatemala, 16 jul (VOA) – Un tribunal en Guatemala sembró confusión y sorpresa al anunciar la repentina inhabilitación de uno de los dos partidos políticos que disputaría la segunda vuelta en la batalla por la presidencia, casi al mismo tiempo que la mayor autoridad electoral del país confirmaba los resultados de unos comicios tumultuosos y objeto de duras críticas internacionales.
La suspensión este miércoles del movimiento anticorrupción Semilla, del centroizquierdista Bernardo Arévalo, levantó olas de indignación y rechazo, tanto dentro como fuera de la nación centroamericana.
Al día siguiente, la Corte de Constitucionalidad rehabilitó a Semilla y reinstaló formalmente en la carrera a Arévalo, en un capítulo más de una saga electoral que ha transitado un camino accidentado desde sus inicios y a la que aún podrían quedar más giros imprevistos.
La inhabilitación de un candidato, en medio de las elecciones “es una amenaza real para la democracia, una que realmente preocupa a los guatemaltecos”, opinó el exembajador de EEUU en el país centroamericano, Stephen McFarland.
“Los próximos días van a ser extraordinariamente significativos y llenos de acontecimientos”, dijo McFarland en un panel con analistas y expertos de EEUU y Guatemala, auspiciado este jueves por el centro de pensamiento estadounidense Atlantic Council.
¿Cómo ha llegado Guatemala hasta aquí?
El de Guatemala ha sido un proceso electoral criticado casi desde el comienzo, cuando se descalificaron candidatos favorecidos por las encuestas y en su mayoría desafiaban el status quo establecido por el llamado “pacto de corruptos”.
Este término, acuñado en 2017 por investigaciones periodísticas independientes, responde a una serie de políticos, legisladores y empresarios corruptos, aliados en búsqueda de impunidad.
En las inscripciones se permitieron candidatos “con pasados cuestionables”, de acuerdo con analistas, que señalan principalmente a la favorita, la exprimera dama Sandra Torres, quien ha sido acusada de corrupción.
Más de 20 duplas disputaron el pasado 25 de junio los máximos cargos del país centroamericano, debido a que el actual presidente, Alejandro Giammattei, no tiene permitido buscar la reelección de acuerdo con la Constitución.
El día de los comicios, marcado por el descontento popular y miles de votos nulos, emergió como improbable contendiente a la segunda vuelta el exdiplomático e hijo del expresidente guatemalteco Juan José Arévalo (1945-1951), Bernardo Arévalo.
El candidato centroizquierdista entró en la carrera respaldado por el Movimiento Semilla, nacido de las manifestaciones anticorrupción de 2015. Su aparición en la primera línea de aspirantes presidenciales no fue predicha por las encuestas, y ha llevado a muchos analistas a creer que podría tener posibilidades reales de ganar el próximo 20 de agosto.
Sin embargo, una semana después de la primera vuelta, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala frenó la oficialización de los resultados debido a recursos legales presentados por varias de las fuerzas políticas que no alcanzaron el índice necesario de votos para mantenerse en la carrera, entre ellos el oficialismo y sus aliados.
“Esto es básicamente una excusa inventada para tratar de noquear a Semilla y el beneficiario, por supuesto, parecería ser el candidato del oficialismo que quedó en un distante tercer puesto”, aclaró McFarland en referencia al candidato del partido de Giammattei, Manuel Conde.
La favorita Sandra Torres también estuvo entre quienes cuestionaron los comicios, a pesar de la supervisión de varios observadores internacionales.
24 horas de incertidumbre
Tras más diecisiete días de demoras y trabas legales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estaba preparado a fines de este miércoles para anunciar la validez de las elecciones y certificar a los dos candidatos a segunda vuelta, sin embargo, casi en paralelo, la Fiscalía contra la Corrupción en Guatemala anunció en Twitter la suspensión del movimiento Semilla, bajo acusaciones de fraude.
La noticia conmocionó a un país que despertó el jueves con un allanamiento de la oficina de registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral dentro de su investigación sobre Semilla, al que acusan de inflar su membresía para calificar en la inscripción electoral.
La Fiscalía acusa al movimiento Semilla de tener más de 5.000 afiliados ilegales, entre ellos 12 fallecidos.
El mismo jueves, Arévalo dijo a periodistas que la decisión contra Semilla violaba una ley guatemalteca que impide la suspensión de partidos políticos durante una elección.
“Estamos en la contienda electoral, seguimos adelante y no nos vamos a detener por este grupo corrupto”, aseguró.
Decenas se lanzaron a las calles en apoyo de Arévalo y Semilla, a quienes ven como víctimas de las fuerzas que quieren evitar la limpieza del gobierno.
EEUU, el principal aliado de Guatemala y una importante fuente de remesas, reconoció el resultado de los comicios y afirmó estar “profundamente preocupado” ante la nueva crisis. Gobiernos de la región como México y Chile también manifestaron su inquietud, al igual que las representaciones en el país de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.
Poco antes de que se cumplieran las 24 horas del anuncio de la Fiscalía, que ponía en un limbo a Semilla y a Arévalo, la Corte de Constitucionalidad del país anunció que había concedido un amparo al Movimiento Semilla, revocando la orden judicial que lo suspendía y devolviendo al diputado anticorrupción a la carrera.
“Extrema judicialización” del proceso electoral
Para la profesora de Política y Asuntos Internacionales de la Universidad del Valle, en Guatemala, Marielos Chang, la situación “es complicada”.
“Lo que hemos visto en este proceso electoral es una extrema judicialización de las candidaturas, de las inscripciones de candidatos. Nuevamente ya estamos en un proceso que estamos más cerca de definir quién será el próximo presidente o presidenta del país y aún así sigue una intromisión judicial por parte de diferentes instituciones en el país”, precisó en diálogo con el Atlantic Council.
Chang insistió en que lo sucedido es “bastante preocupante porque lo que propone el Ministerio público es ilegal. No se puede suspender a un partido político durante el proceso electoral”, dijo.
“Creo que esto es un ataque directo a la idea de una segunda vuelta electoral, y la alguna manera en como debería manejarse. La amenaza aquí es que (Guatemala) termine teniendo un sistema democrático que es más una máscara democrática que cualquier otra cosa”, indicó por su parte el embajador McFarland.
Los analistas también llamaron la atención sobre la reacción a esta controversia, sobre todo la de las instituciones civiles y el pueblo, que se manifestó en una muestra de importante “empoderamiento ciudadano”.
“No veo que vayamos a poder descansar en estas próximas semanas, sino al contrario, la ciudadanía en general va a tener que estar muy atenta y los diferentes actores de de Guatemala, ante lo que puede suceder y sobre todo en la defensa de que lleguemos al 20 de agosto con la participación de los dos partidos que ya fueron oficializados (como contendientes) por parte del TSE”, advirtió Chang.
Un futuro incierto
Con respecto a la lección que están dejando estas elecciones, donde el voto nulo creció hasta superar el 17 %, demostrando una crisis de desconfianza en los partidos políticos y su gestión, expertos insistieron en que es necesario un plan de cara al futuro, aún incierto.
“La gran lección acá, que nos tienen que quedar a futuro es que no podemos esperar 4 años más para crear esas opciones que nos representen”, agregó la profesora de la Universidad del Valle.
Chang mencionó, entre las posibles acciones, una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, puntualizando en puntos como la autonomía de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y “el procedimiento para inscribir a candidatos o para rechazar candidaturas para reducir esa discrecionalidad que puede existir en el proceso electoral”.
“El otro tema tiene que ver con el fortalecimiento de la Junta Receptora de Votos que realmente creo que hemos sobrevivido lo que ha pasado en estas últimas semanas gracias a esa labor ciudadana”, precisó la politóloga sobre las comisiones conformadas por voluntarios, quienes velan por la legalidad del proceso.
De torcerse el camino a la segunda vuelta, las consecuencias serían muy serias, afirmó el exembajador estadounidense en Guatemala, Stephen McFarland.
“Hay formas en que los guatemaltecos pueden reaccionar y una es seguir migrando al norte, a los Estados Unidos en mayor número y la otra lamentablemente lo he visto en otros países – espero que no llegue a esto – es comenzar a tomar las calles (…) La posibilidad de violencia es algo que nadie quiere”, dijo el veterano diplomático.
