Barcelona, 13 oct (dpa) – El gobierno regional de Cataluña y grupos separatistas protestaron hoy contra la declaración ante el juez de dos integrantes del Ejecutivo de Artur Mas, imputadas por el referéndum simbólico sobre la independencia que se celebró en noviembre en la región del noreste de España.
La que entonces era la vicepresidenta del gobierno de Mas, Joana Ortega, y la responsable de Educación, Irene Rigau, comparecieron hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dos días antes de que lo haga el jefe del Ejecutivo regional, también imputado.
Entre 500 y un millar de personas, según medios españoles, se concentraron en Barcelona para apoyarlas a su llegada al tribunal y gritaron consignas a favor de la independencia. Entre los manifestantes hubo diputados electos en los comicios del 27 de septiembre. Las dos llegaron arropadas por miembros del gobierno catalán.
La fiscalía acusa a Mas, Ortega y Rigau de desobediencia, usurpación de funciones, malversación de caudales públicos y prevaricación por haber obviado al Tribunal Constitucional, que los instó a no celebrar la votación del 9 de noviembre.
Ortega compareció durante aquella jornada para dar datos de participación como si de una votación oficial se tratara y de Rigau dependían escuelas usadas como centros de votación.
Ortega asumió la responsabilidad de la consulta, mientras que Rigau, que compareció unas horas antes que ella, se desvinculó.
“No tengo ninguna conciencia de haber desobedecido al Tribunal Constitucional, ni de tomar ninguna decisión que supusiese una resolución injusta o una irregularidad económica. Actué con respeto a la legalidad”, dijo la ex vicepresidenta. “Tengo la conciencia tranquila de mi actuación”.
Ni ella ni Rigau quisieron contestar a las preguntas de la fiscalía.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideró que las protestas que se vivieron hoy junto a su sede suponen “un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial”.
En un comunicado consideraron que tienen “el objetivo de cuestionar la legitimidad de los jueces y además pretender influir en su toma de decisiones”.
