Quito, 17 may (VOA) – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles por decreto la Asamblea Nacional, adelantando las elecciones legislativas y presidenciales, un día después de presentar su defensa ante la cámara en un juicio político en su contra.
La Voz de América constató que la sede de la Asamblea Nacional está fuertemente militarizada.
En un comunicado divulgado en video, Neslon Proaño, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador reafirmó el respaldo del ente militar a la Constitución y las leyes del país “de proteger los derechos, libertades y derechos de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho”.
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no beligerantes y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Al mismo tiempo, debo señalar, estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia”.
En ese sentido, dijo que el comando que lidera respalda tanto la decisión del Congreso de enjuiciar políticamente a Lasso, como a la decisión del presidente de disolver la Asamblea Nacional, bajo el amparo de la ley.
El alto mando militar hizo un llamado a la unidad de los ecuatorianos y dijo que la fuerza del orden actuará si fuera necesario. “Hacemos un llamado a los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamiento ni violencia” para mantener un país en paz y dignidad.
El juicio político
Lasso niega las acusaciones de que se hizo la vista gorda ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo.
Con la decisión de disolver la Asamblea Nacional, el presidente ecuatoriano pone fin al juicio político y podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.
En una cadena de radio y televisión Lasso aseguró que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno”.
Lasso deberá ahora convocar a elecciones presidenciales y legislativas. Los ganadores de estos comicios completarán el actual período presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.
El presidente argumentó que la disolución de la Asamblea “es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.
“Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino para recuperar la esperanza, la tranquilidad”, añadió, y dijo que “este es un nuevo momento para el optimismo”.
El tribunal electoral de Ecuador deberá decidir ahora la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional.
En una conferencia de prensa posterior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, expresó su apoyo al orden constituido en una aparente aprobación a la decisión del mandatario.
A su vez, convocó a los ecuatorianos a mantener un clima de respeto a la ley y advirtió que no se permitirá la ruptura del orden constitucional a través de la violencia y que, en ese caso, las Fuerzas Armadas y la policía actuarán “con firmeza” para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos.
Respaldo militar
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional “mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes”, dijo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Nelson Proaño.
En la declaración, agregó que la decisión de Lasso de disolver la Asamblea estaba consagrada en la Constitución.
Policía y miembros del ejército rodearon el edificio del Legislativo y no permitían la entrada, según un testigo de Reuters.
Destituir a Lasso habría necesitado 92 votos de la Legislatura de 137 miembros.
La Constitución del país establece la llamada “muerte cruzada”, que permite a un mandatario convocar elecciones tanto para su puesto como para la Asamblea Nacional bajo ciertas circunstancias, entre ellas cuando las acciones de la Legislatura bloquean el funcionamiento del Gobierno.
Lasso ahora permanecerá en el cargo, gobernando por decreto, mientras las autoridades electorales nacionales fijan la fecha de los comicios.
El tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional.
Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución de la Asamblea sería inconstitucional y que se negarían a cumplirla.
La organización indígena más grande de Ecuador, CONAIE, dijo en Twitter que la decisión de Lasso constituía una “dictadura” y agregó que celebraría un “consejo ampliado extraordinario” para analizar la situación.
El año pasado, la CONAIE encabezó protestas en todo el Ecuador que casi derrocan a Lasso.
Los elegidos para el poder en las elecciones anticipadas solo servirían hasta que se lleven a cabo los comicios regulares en 2025.
Los legisladores del partido del expresidente Rafael Correa, él mismo condenado por corrupción, encabezaron la acusación de juicio político y prometieron sus 47 votos a favor de la destitución.
El proceso de juicio político fue el primero contra un presidente ecuatoriano en décadas.
