CRÓNICA
Por Sara Barderas (dpa)
Madrid, 7 ago (dpa) – Cada paso que da Manuela Carmena es observado con lupa por la oposición y la opinión pública. Desde que asumió el bastón de mando de Madrid hace casi dos meses, ha habido ya varias polémicas por la gestión de la alcaldesa apoyada por Podemos. La última gira en torno a su intención de ceder edificios públicos a colectivos sociales, incluido el movimiento okupa.
La iniciativa se conoció esta semana coincidiendo con el desalojo de uno de los centros okupa más conocido de la ciudad: el Patio Maravillas, situado en el céntrico barrio de Malasaña y del que proceden algunos miembros de Ahora Madrid, la candidatura de unidad ciudadana cuya lista a las elecciones municipales de mayo encabezó Carmena y entre cuyos impulsores se encuentra el partido Podemos.
El Ayuntamiento de Madrid está realizando un inventario de edificios y suelo de su propiedad y esboza un plan para que colectivos vecinales y sociales desarrollen sus actividades legalmente en los que pueda cederles.
“Es interesante ver los colectivos que pueden tener capacidad de gestionar propiedades de titularidad municipal para que estén en espacios públicos. Lo que está claro es que quien esté fuera de la ley no conseguirá una cesión”, sostiene la alcaldesa y ex jueza, de 71 años. El préstamo se haría en base al rendimiento social, dice.
De momento no hay acuerdos con ninguna asociación o colectivo. Pero el conservador Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, que en el ayuntamiento de Madrid es oposición y lidera Esperanza Aguirre -ex ministra, ex jefa del gobierno autonómico y presidenta del PP madrileño-, se ha echado encima de Carmena.
Aguirre, que ganó las elecciones municipales de mayo pero que perdió la alcaldía al apoyar el Partido Socialista (PSOE) la investidura de Carmena, ve un intento de favorecer a colectivos de izquierda afines a Ahora Madrid y arremete contra la posibilidad de que se cedan edificios públicos a un movimiento que “ha incumplido sistemáticamente la ley”.
“Las ocupaciones son un atentado a la seguridad jurídica, un atentado al Estado de derecho”, dijo hoy al visitar el lugar que ocupó hasta esta semana el Patio Maravillas, no muy lejos de su propia casa, un palacete en el barrio de Malasaña. “Por suerte en este caso ha funcionado el Estado de derecho y ha sido desocupado este edificio”.
El colectivo Patio Maravillas, uno de los emblemas actuales del movimiento okupa madrileño, que en mayo cumplió 30 años, gestionaba allí un centro social en el que se organizaban talleres, salas de estudio, milongas de tango, cine de verano…
Esta semana sufrió el segundo desalojo en dos meses, tras ser expulsado en junio del edificio que ocupó durante cinco años en otra calle del mismo barrio. En el que se metió después se lo compró al ayuntamiento el año pasado una empresa de negocios inmobiliarios administrada por un primo del opositor venezolano Henrique Capriles, segun el diario “El País”.
“Patio Maravillas es importante para nosotros por las posibilidades que ofrecía y puede ofrecer: estaba realizando una labor educativa importante”, sostiene la alcaldesa. El día del desalojo, un miembro del colectivo dijo ya a los periodistas que había abiertas conversaciones con el ayuntamiento para que les cediera un espacio público vacío en el que proseguir su actividad.
“A los del Patio Maravillas, si lo hacen legalmente, no les divierte lo mismo que meter 50 barriles de cerveza y hacer esa labor educativa de la que habla la alcaldesa”, dijo hoy Aguirre.
