Ciudad de Panamá, 14 jun (elmundo.cr) – Millones de personas podrían volver a caer en la condición de pobreza si no se adoptan las políticas públicas necesarias para evitarlo, advirtió hoy el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“La principal amenaza al progreso en la región es la recaída de millones de hogares en la pobreza, aunque la ralentización económica no es la única culpable de tal regresión”, detalla el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) para América Latina y el Caribe lanzado hoy junto a más de 60 legisladores de la región en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO).
Dicho informe emite una serie de recomendaciones para que la región impida los retrocesos en la reducción de la pobreza y continúe avanzando en lo social, económico y ambiental con políticas públicas denominadas de “nueva generación”.
El informe del PNUD advierte que entre 25 y 30 millones de personas, más de un tercio de la población que logró salir de la pobreza desde el año 2003, podría volver a esa condición.
“Muchos son jóvenes y mujeres con inserción laboral precaria en los sectores de servicios de la región. Forman parte de un grupo mayor, de 220 millones de personas (38%, casi dos en cada cinco latinoamericanos) que son vulnerables: oficialmente no son pobres pero tampoco lograron ascender a la clase media”, alerta el PNUD.
El informe recuerda que en la década pasada, los mercados laborales y la educación fueron los grandes motores para dejar la pobreza, sin embargo ahora eso no basta.
“Es fundamental que las políticas públicas de nueva generación fortalezcan los cuatro factores que impiden retrocesos: protección social, sistemas de cuidado, activos físicos y financieros (como un auto, casa propia, cuenta de ahorro o dinero en el banco que actúan como ‘colchones’ durante las crisis), y calificación laboral“, dice el comunicado enviado por la organización.
Para el PNUD, estos elementos clave componen lo que se denomina como “canastas de resiliencia”, que es la capacidad de absorber shocks y prevenir retrocesos, considerado fundamental para la región en momentos de ralentización económica.
“Nada que disminuya los derechos de las personas y comunidades o que amenace la sostenibilidad ambiental puede ser considerado progreso”, resalta el informe.
La subsecretaria general de Naciones Unidas y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Jessica Faieta comentó en el lanzamiento del informe que los retos de un desarrollo sostenible, holístico y universal no expiran al alcanzar un determinado umbral de ingreso.
“No nos ‘graduaremos’ de los retos del desarrollo a menos que demos respuestas apropiadas a las múltiples dimensiones que permiten a las personas vivir vidas que consideran valiosas”, dijo.
Faieta recordó que si bien entre 2003 y 2013 salieron de la pobreza cerca de 72 millones de personas y entraron a la clase media 94 millones de personas, en los últimos tres años se ha venido revirtiendo esa tendencia.
Según el informe, el promedio anual de latinoamericanos que salieron de la pobreza fue de casi 8 millones entre 2003-2008 y de 5 millones entre 2009-2014, pero entre 2015 y 2016 aumentó el número absoluto de personas pobres, por primera vez en la década.
“Esto se da por los límites de la expansión laboral y fiscal en la región. El mercado laboral en América Latina, en su gran parte es informal”, explica el informe.
Más de la mitad de los 300 millones de trabajadores en la región son asalariados en micro-empresas con menos de cinco puestos de trabajo, autoempleados sin calificación o no perciben ingresos.
Asimismo, de las más de 50 millones de empresas pequeñas y medianas, el 70% son informales, y dos de cada tres nuevos empleos creados en la región fueron en el sector de servicios, que tiene baja productividad y altas tasas de informalidad.
“Sin aumentos futuros de la productividad de los sectores de baja calificación laboral, la sostenibilidad del crecimiento y, en consecuencia, de los logros sociales, se compromete”, señala el PNUD.
El informe también encontró que la expansión de transferencias sociales y pensiones no contributivas, que explican cerca de 30% de la reducción de la desigualdad de ingresos desde 2002, también encuentra un techo fiscal.
Asimismo, el informe destaca que el peso de la carga tributaria en los pobres es tan alto en la región que suele anular el beneficio recibido por programas de transferencias de ingreso.
“Ser mujer, afrodescendiente, indígena, LGBTI, joven, persona con discapacidades, todo esto incide en las oportunidades, en la posibilidad de ascenso social y económico y en el acceso a servicios,” dijo el principal autor del informe y economista en jefe del PNUD para América Latina y el Caribe, George Gray Molina.
“Cada generación latinoamericana decide qué cambio estructural persigue: quedan hoy transiciones pendientes de ciudadanía y de resiliencia que no se resolverán con más crecimiento económico”, concluyó.
