Por Ramiro Carrillo (dpa)
Quito, 12 ago (dpa) – El presidente socialista de Ecuador, Rafael Correa afrontará el próximo jueves su primer paro laboral nacional, medida que pondrá a prueba la popularidad que ha logrado mantener durante sus más de ocho años de gobierno.
El “paro nacional del pueblo”, como lo califican sus organizadores -las principales centrales sindicales e indígenas del país- busca frenar las iniciativas gubernamentales de crear impuestos a las herencias y a la plusvalía, evitar que se haga realidad la enmienda constitucional que permitiría la reelección indefinida presidencial y plantea reformas a otro grupo de leyes de alcance laboral y campesino.
Los sectores indígenas y sindicales del Ecuador fueron claves para el triunfo electoral del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien asumió por primera vez el cargo en 2006. Pero esas mismas fuerzas son las que ahora le piden rectificar en cuestiones de impuestos y leyes como las de aguas y tierras, entre otras.
En encuestas realizadas en julio, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES) consignó en un 74 por ciento la calificación de imagen positiva del mandatario, pero la aprobación de su gestión económica cayó del 70 al 57 por ciento, mientras que la encuestadora Cedatos-Gallup indicó que la aceptación del mandatario en junio era de 42 por ciento, cuando al inicio de año se situó en un 60 por ciento.
Por su parte, la cadena estadounidense CNN preguntó a sus telespectadores si Correa perdería un probable proceso revocatorio de su mandato en el marco de las protestas. Un 60,1 por ciento aseguró que Correa se mantendría en el poder, frente a un 39,9 que opinó lo contrario.
Arropado por esos respaldos con los que todavía cuenta, el mandatario ha desestimado hasta ahora el impacto que tendrán los movimientos indígenas que vive Ecuador y que quedaron reflejados en una marcha que cruzó el país, el inicio de un levantamiento indefinido y una huelga nacional que comienza este jueves.
Estas acciones son organizadas por los principales movimientos sindicales agrupados en el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) y la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), que numéricamente son una importante fuerza opositora al gobierno.
“Somos más, muchísimos mas” ha sido la proclama del mandatario, reiterada en todas sus presentaciones públicas. “Somos uno de los tres gobiernos con más apoyo popular del mundo” dijo recientemente. “Si mañana fueran las elecciones, les daríamos 3 a 1. Ni un paso atrás compañeros. Nadie se agota, el pasado no volverá” agregó.
Las palabras de optimismo del gobernante contrastan con las decisiones que adoptó ante la protesta. Una de ellas fue mover temporalmente a su canciller Ricardo Patiño, para que promoviese en estos dos meses la movilización popular del movimiento oficialista Alianza Pais (AP).
Correa acudía a la experiencia política de Patiño para llenar “en dos horas” la Plaza Grande de Quito, lugar que tras otras manifestaciones populares fue testigo de las caídas de los gobiernos de Abdalá Bucaram, Yamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
El presidente ecuatoriano convocó a sus partidarios a defender su gobierno de la “revolución ciudadana” en las plazas, calles y esquinas. Para el día de la huelga, el Ejecutivo anunció que unos 8.000 indígenas “Arutam” (espíritus de la selva) de la Amazonía estarán resguardando los exteriores del palacio de Gobierno.
“Queda evidenciado que ante la pérdida de confianza, credibilidad y el manifiesto descontento popular, el camino que se privilegia en Alianza Pais es el de la actitud desafiante, autoritaria, amenazadora” comentó el catedrático Washington Yánez ante los acontecimientos.
Sin embargo, para la secretaria de Gestión Política del gobierno, Viviana Bonilla, “más allá de las diferencias ideológicas o políticas que puedan existir, los ciudadanos saben que los paros, las piedras, el insulto, no son las medidas que nos llevarán al progreso como nación”.
El propio presidente Correa exhibió los logros laborales de su administración y criticó a los sindicalistas ya que, dijo, “no saben porque protestan”. Según Correa, cuando asumió su primer mandato, en el 2006, había 170.000 trabajadores sindicalizados y en 2014 se registraron 370.000. Los trabajadores afiliados al Seguro Social pasaron en el mismo período de 1,2 a 3,1 millones, mientras que el sueldo básico subió de 160 a 354 dólares mensuales.
El gobierno destacó también otros logros sociales de su gobierno, resaltando que la canasta familiar tiene una cobertura del 100 por ciento cuando en el 2006 era del 66 por ciento. En ese año había 500 personas con discapacidad integradas en el sistema laboral y hoy hay 85.000, además de que haberse eliminado la tercerización laboral.
Con estos y otros datos sobre obras públicas y de mejoras en sectores de la educación y salud cabría pensar que no hay razón para una protesta de esta magnitud. Pero el planteamiento de nuevos impuestos a la herencia y plusvalía generó hace dos meses un espontáneo rechazo popular que el gobierno no consiguió controlar y que el jueves se sabrá si es o no mayoritario.
La paralización sindical e indígena que se aproxima medirá la popularidad de Correa y dará una idea sobre el destino político del país, que renovará el cargo presidencial en marzo del 2017.
