La ley se aprobó con el voto de 77 legisladores tras una serie de exposiciones en las que se argumentó la importancia de cuidar el medioambiente, regular la minería y los peligros que representa la minería ilegal para la economía y la sociedad.
Sin embargo, un artículo quedó finalmente excluido porque, de acuerdo a varios legisladores, afectaba a la entrega del 30 % del superávit de las empresas públicas por generación eléctrica para la región amazónica.
La iniciativa busca fortalecer el desempeño operativo en los sectores minero y de energía mediante una regulación eficiente que promueva la generación de ingresos fiscales y divisas, y contribuya a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica del Estado.
Previo al debate, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, afirmó que la Asamblea decidiría entre “el agua y el extractivismo”.
Para la Conaie, la ley “va en contra de la consulta previa y flexibiliza controles ambientales en favor de grandes empresas” pues considera que la normativa “reemplaza licencias ambientales por autorizaciones simples”, permite concesiones de hasta 30 años y habilita la militarización de territorios.
Además, advirtió que esto incrementaría el riesgo ambiental, por lo que exigió archivar el proyecto, que finalmente fue aprobado en la sesión en la que legisladores del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), señalaron que la ley no fortalece al Estados sino que presuntamente lo deja vulnerable ante los intereses extranjeros.
“Ambiente y empleo al mismo tiempo. No es elegir entre trabajo y naturaleza. Esta ley permite inversión con control ambiental y respeto a consultas populares”, dijo el asambleísta oficialista Alejandro Lara, quien anotó que lo que “destruye territorios es la ilegalidad, no la inversión responsable”.
El informe aprobado señala que en materia minera se reforman varios artículos de la Ley de Minería para reforzar la rectoría del Estado, precisar competencias institucionales y regular los actos administrativos previos a la actividad minera.
Entre otros, además, actualizar el régimen de patentes de conservación y etapas de exploración y explotación, e incorporar un nuevo capítulo sobre fomento y promoción de la inversión, grupos mineros y áreas con protección de seguridad estratégica.
Por otra parte, en el ámbito energético, el documento incorpora cambios a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para modernizar conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos y establecer reglas claras para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria, entre otros temas.
Tras su aprobación, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, señaló que ahora el país iba “camino a la formalidad, a la conservación, y a potenciar oportunidades en los dos sectores estratégicos”.
Mientras que el líder ambiental indígena y excandidato presidencial Yaku Pérez aseguró que la normativa significaba “firmar la partida de defunción a la mega biodiversidad” de Ecuador, y que este viernes esperaban que un juez acepte una medida cautelar para evitar que entre en vigencia.
(EFE)
