Managua, 16 abr (VOA) – Diversos sectores de la sociedad civil en Nicaragua rechazaron unánimemente la propuesta de reforma a la Ley Electoral presentada el lunes en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para las elecciones previstas para noviembre de este año.
Los principales bloques opositores del país, la empresa privada y analistas consultados por la Voz de América coincidieron en que la propuesta del presidente Daniel Ortega es “antidemocrática” y “anula desde ya la credibilidad de los comicios”, y a su vez señalaron que no cumple con los siete puntos sugeridos en 2020 por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y quien actualmente es una de las aspirantes a competir contra el mandatario sandinista, expresó que con la propuesta de reforma a la ley electoral, “Ortega está prácticamente cancelando las elecciones” e “impidiendo desde ya que haya un cambio”.
“Con esa ley, las condiciones, en vez de mejorar, se están agravando, porque Ortega está confirmando un estado de represión policial sobre nuestro derecho a elecciones legitimas y creíbles”, dijo Chamorro.
La propuesta de reforma a la Ley Electoral enviada por Ortega incorpora las restricciones establecidas a posibles candidatos presidenciales en otras leyes como la de Agentes Extranjeros y la de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Además da mayor facultad a la Policía Nacional, señalada de ser la principal institución represora en el país, para otorgar permisos para mítines o actividades electorales a la oposición y el oficialismo.
“Lo que ha presentado a la Asamblea Nacional no son Reformas Electorales, son más restricciones para que el pueblo no pueda ir a votar en libertad y transparencia. Son mecanismos dictatoriales para quitarle la voz a la ciudadanía y mantener a Nicaragua secuestrada en un estado de sitio”, enfatizó Chamorro el jueves.
El politólogo Félix Maradiaga, también aspirante a la presidencia, dijo a la VOA que es “sumamente preocupante que esa iniciativa se aleja aún más de la posibilidad de un consenso. Además de reafirmar las inhibiciones consignadas en las leyes espurias, cierra aún más los pocos espacios de participación para la oposición”.
“Quisiera suponer que esa iniciativa de reformas tan desafortunada y contraria a la resolución de la Asamblea General de la OEA es sólo una manera del régimen de elevar la parada y desmotivar a la oposición, algo que no lograrán. Sin embargo, si esa es una propuesta definitiva para las elecciones de noviembre de 2021, prácticamente se anuncia la decisión del régimen de no permitir elecciones con un mínimo de garantías”, indicó Maradiaga.
El Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) , uno de los bloques más fuertes actualmente, también reaccionó al respecto y señaló que las propuestas de reformas “no responden a la demanda nacional e internacional”.
La propuesta “establece nuevas restricciones a las libertades políticas y vulneraciones a la voluntad popular, impone nuevos obstáculos y obligaciones a los partidos políticos, traslada al ámbito electoral el estado policial imperante, aumenta los ya amplios márgenes de discrecionalidad del Poder Electoral y establece nuevas vulneraciones a la voluntad popular”, dijo el partido en un comunicado.
“Demandamos una vez más al régimen de Daniel Ortega la implementación de las reformas electorales necesarias para que se respete el voto ciudadano en un proceso electoral que cumpla los estándares internacionales de libertad y transparencia”, añadió.
Por otro lado, el sector privado señaló la urgencia de la aprobación de “una reforma electoral sustantiva que incorpore las propuestas que han presentado los partidos políticos extraparlamentarios, los movimientos políticos de oposición, así como las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea para garantiza la modernización y restructuración del Poder Electoral”.
“Nicaragua continúa en un estado policial que no permite el ejercicio de derechos humanos y constitucionales básicos, situación que hace inviable un proceso electoral en el cual se pueda realizar una competencia electoral libre y transparente”, advirtió el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal patronal del país.
“Trabajemos para resolver la crisis sociopolítica que venimos arrastrando desde abril del 2018”, finalizó diciendo el empresariado, otrora aliado al gobierno sandinista.
Proponen como garantes a expresidentes estadounidenses
Tras conocerse las propuestas del gobierno, algunos opositores como el exembajador de Nicaragua en Washington Arturo Cruz, quien también forma parte de los siete aspirantes a la presidencia, propuso invitar como observadores para los comicios electorales de noviembre a los expresidentes estadounidenses George W. Bush y Barack Obama, así como al exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y un representante personal de Antonio Guterres secretario general de la ONU.
“En las elecciones de 1990 se logró un traspaso pacífico del poder por la aceptación del gobierno Sandinista y la oposición democrática, de la observación internacional. En ese proceso, destacó la figura aceptable y respetada por todos del expresidente Jimmy Carter, que conjuntamente con Baena Soares, secretario general de la OEA, y Elliot Richardson, representante personal del secretario general de la ONU, actuaron como garantes de ese proceso electoral”, propuso Cruz.
La propuesta de reforma electoral fue presentada el lunes en el Parlamento Nacional y posteriormente pasó a una comisión especial que dictaminará cambios para luego ser discutida en el plenario, donde el oficialismo tiene la mayoría de los votos.
El diputado Mario Asensio, del Partido Liberal Independiente (PLI) y miembro de la Comisión Especial, comentó a la VOA, que la reforma electoral “se estará analizando” y se convocará a los partidos políticos que tienen representación legal para que ellos pasen sus consideraciones de reformas que consideren pertinentes”.
Algunos tienen esperanzas de una negociación
Algunos diplomáticos y analistas consideran que la propuesta del gobierno podría tratarse de “una oferta inicial negociadora” con la oposición.
“Tengo la esperanza de que esa pueda ser su oferta inicial negociadora, que están simplemente endureciéndose para tratar de dar lo menos posible cuando llegue la negociación”, indicó el excanciller Norman Caldera.
Caldera cree que aún “hay apertura para encontrar un camino que permita tener elecciones libres”, pero advierte que si la propuesta de reforma fuese la posición final del gobierno, “sería un grave retroceso”.
El expreso político y periodista Miguel Mora advierte que de aprobarse la propuesta “del dictador en la Asamblea Nacional”, Ortega carecería “de total legitimidad y debe ser desconocido por los nacionales y la comunidad internacional”.
“Con la presentación de la reforma a la Ley 331, Ley Electoral, la dictadura le declara la guerra a la democracia y a todos nuestros derechos políticos y a nuestras libertades; le declara la guerra a nuestra constitución”, dijo.
“Es evidente que su intención es instaurar un sistema de partido único, desaparecer toda expresión de oposición política legitima”, fustigó Mora, quien también aspira a la presidencia.
