San José, 26 jun (elmundo.cr) – El empresario Piero Coen Ubilla, uno de los más poderosos de Nicaragua y crítico al gobierno del presidente Daniel Ortega, informó el viernes en un comunicado de prensa que diferentes propiedades pertenecientes a él, fueron inscritas a nombre del Estado, sin haber sido notificado “de ningún tipo de proceso” en su contra.
Coen explicó que oficiales de la Policía Nacional, entidad sancionada por Estados Unidos, y de la Procuraduría General de la República, se presentaron a sus propiedades para tomar posesión de éstas.
“No he sido notificado de ninguna forma de la existencia de ningún tipo de proceso que justifique el actuar de la Policía que motive esta confiscación. Lo único que sé es que mis propiedades ahora están ocupadas por la Policía Nacional”, denunció Coen.
La justicia nicaragüense que responde al presidente Ortega no se ha pronunciado tras la denuncia del empresario, sin embargo, en los juzgados de Managua aparece una acusación en su contra desde el 27 de marzo, y presentada el 22 de junio.
En la acusación no se establece el delito por el cual se investiga al empresario, pero figura como “víctima” el Estado y la sociedad nicaragüense. Esa misma figura legal ha sido aplicada a otros opositores de Ortega y bajo la cual han sido procesado.
Confiscación es ilegal y arbitraria, dice abogada
La abogada nicaragüense Yonarqui Martínez asegura que para que una propiedad sea ocupada o adjudicada al Estado debe de cumplir con dos misivas. Una, que exista en sentencia firme que exprese la razones de la adjudicación; y dos el supuesto delito cometido debe de estar tipicado para proceder con ese tipo de acciones.
“En Nicaragua nuestra Constitución Política prohíbe la expropiación y confiscación, sin embargo en los últimos procesos se han hechos adjudicaciones de manera arbitraria”, subraya Martínez a la VOA.
El especialista en temas judiciales, Yader Morazán explica que el caso del empresario nicaragüense no “debe ser visto como algo aislado”.
“Estas decisiones son ilegales, ilegítimas y criminales”, subraya. Explica que los jueces no tienen la potestad de confiscar u ordenar confiscaciones de bienes porque no está en la constitución.
