Ciudad de México, 8 nov (dpa) – La fiscalía general de México ha dejado sin atender una serie de observaciones que se le formularon en julio sobre el caso de 43 estudiantes desaparecidos, afirmó hoy el organismo público mexicano encargado de vigilar el respeto de los derechos humanos.
Hace poco más de tres meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había presentado a la Procuraduría General de la República, en un documento titulado “Estado de la investigación del caso Iguala”, una serie de puntos que consideraba necesario revisar.
“Ninguna de las 26 observaciones y propuestas se encuentra atendida en su integridad”, afirmó el organismo público autónomo.
Los estudiantes desaparecieron en Iguala, sur de México, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 después de ser secuestrados por policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.
Según algunos detenidos, fueron asesinados y calcinados en un basurero, aunque esta versión fue rechazada por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una investigación independiente.
En agosto la fiscalía general respondió al informe de la CNDH pero, después de hacer una revisión de cada punto, el organismo de derechos humanos dijo hoy que la respuesta había sido “insuficiente e imprecisa”.
Según la CNDH, de las observaciones ninguna fue atendida por completo y hay 20 que directamente “no fueron atendidas”.
Entre las recomendaciones ignoradas, a su juicio, figura el pedido de indagar más sobre los vínculos entre las organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero y los cuerpos de seguridad pública.
Otras observaciones están relacionadas con la supuesta quema de cuerpos ocurrida en el basurero de Cocula, una localidad vecina a Iguala, para hacer desaparecer los cadáveres.
El organismo había pedido que se solicitara a instancias como la NASA de Estados Unidos información sobre las condiciones climatológicas y ambientales de esos días para “establecer, particularmente, si existieron las condiciones para generar la incineración de cadáveres” en Cocula.
También había recomendado hacer peritajes para comparar la tierra del basurero con la contenida en una bolsa recuperada en el río San Juan en la que supuestamente había cenizas y restos de los jóvenes.
Otra recomendación fue investigar supuestas “versiones encontradas sobre el lugar de la ejecución y en el que fueron calcinados los estudiantes”, ya que algunas personas detenidas declararon que fueron calcinados en el basurero y otras que se los enterró en fosas en unos cerros.
La CNDH afirmó que con el cumplimiento de las observaciones se “busca dar certeza para contribuir a alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos ocurridos en Iguala”, para hacer efectivo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño y evitar la repetición de hechos de este tipo.
