Managua, 7 jul (VOA) – Mientras las autoridades panameñas confirmaron que este martes se realizará el segundo “viaje humanitario” de nicaragüenses que se encuentran varados en un albergue del país canalero, la Comisión Permanente de Derechos Humano (CPDH) en Nicaragua denunció que el gobierno sandinista está incumpliendo el acuerdo alcanzado en las conversaciones diplomáticas y poniendo una serie de trabas a los ciudadanos que intentan regresar al país.
El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, manifestó que el gobierno está seleccionando a las personas que pueden ingresar al país.
“La gente manifiesta que se han incumplido los acuerdos. Ellos tenían entendido que cada ocho horas iba a estar ingresando un grupo de 100. Ayer (domingo) en la noche llegaron las autoridades de migración diciendo que el gobierno de Nicaragua iba a permitir nuevamente el ingreso de 100 nicas hasta mañana martes y permitirá el ingreso de 100 cada 72 horas, si hacemos la relación aritmética tendrían que pasar más de 20 días”, señaló Cuevas, quien valoró que se trata de una situación incómoda para los conciudadanos que están en condiciones de hacinamiento.
Las autoridades de migración de Panamá a través de sus cuentas oficiales explicaron la situación actual.
“Se ha autorizado el viaje humanitario de 100 nuevos ciudadanos nicaragüenses, que se encuentran temporalmente en la provincia de Chiriquí, los mismos partirán el día de mañana (martes) hacia su país. Mientras tanto, nos mantenemos brindándoles las atenciones necesarias”, informó el Servicio Nacional de Migración de Panamá.
“Son personas que migraron en su momento y producto de la pandemia se han visto afectados, hemos estado en comunicación permanente con algunos líderes compatriotas y han expresado la preocupación que hay, seguimos insistiendo que deje de violar los derechos constitucionales, este gobierno se encarga de ultrajarlos y ponerlos a la intemperie”, denunció Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH.
El organismo de derechos humanos sostiene que el gobierno está violando el artículo 31 de la constitución política de Nicaragua que establece que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.
Además del artículo 28 que señala que “los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares”, lo que obliga a la embajada de Nicaragua en Panamá a resolver este problema.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, informó a medios oficiales algunos requisitos que tienen que cumplir los nicaragüenses para reingresar al país.
“El modelo ordenado y seguro que debemos tener en cuenta en estos tipos de pandemia, todos los requisitos que tienen que cumplirse para que puedan regresar los connacionales que trabajan en otros países sin poner en riesgo a sus familias con las pruebas negativas y después guardando todos los días de cuarentena”, explicó Murillo.
Requisitos que según expertos en derechos humanos limitan el ingreso de nicaragüenses y son una violación clara a los derechos humanos. En total son 1.180 nicaragüenses, que esperan su turno en la provincia de Chiriquí y que en algún momento emigraron y ahora abandonan Panamá porque perdieron sus trabajos como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Solo 89 nicaragüenses han logrado, hasta ahora, ingresar al país en el primer grupo que entró el pasado sábado 4 de julio por el paso fronterizo de Peñas Blancas.
