Bogotá, 10 jun (elmundo.cr) – La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la «suspensión provisional» del presidente Gustavo Petro, en medio de una investigación por una presunta intervención indebida en política.
La medida, que se mantendría vigente hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local, coincidiendo con el cierre de urnas de la segunda vuelta presidencial, busca evitar que la permanencia del mandatario en su cargo interfiera con el curso de la investigación.
Arizabaleta, quien pertenece al mismo partido del mandatario (Pacto Histórico), justificó la decisión señalando que existen «serios elementos de juicio» que sugieren una posible interferencia en el trámite del proceso disciplinario.
De concretarse, esta acción marcaría un precedente inédito en la historia política colombiana, aunque la ratificación final de la suspensión dependerá del Senado, único órgano con la potestad constitucional para ejecutarla.
El origen de esta investigación, abierta el pasado martes, radica en una serie de publicaciones realizadas por el mandatario en la red social X entre 2023 y 2025. Según el auto de la Comisión, al menos 15 mensajes difundidos desde la cuenta personal del presidente podrían estar relacionados con controversias de carácter político-partidista, lo cual contraviene la prohibición constitucional que tienen los funcionarios públicos de intervenir en actividades electorales.
Como parte de la instrucción, la Comisión ha solicitado al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) certificar si la cuenta @petrogustavo es utilizada como un canal oficial de comunicación institucional. Asimismo, se ha requerido información detallada sobre los asesores, equipos de prensa y protocolos de estrategia digital que gestionan el perfil del jefe de Estado.
El contexto de esta crisis política se desarrolla en la antesala de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, donde se disputan la jefatura del Estado el candidato Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda.
Cabe recordar que, bajo la Constitución colombiana, el presidente goza de fuero constitucional, por lo que no puede ser juzgado por la justicia ordinaria mientras ejerce su mandato. La Comisión de Investigación y Acusación es, por tanto, el único ente competente para evaluar posibles delitos o faltas disciplinarias del jefe de Estado.
