San José, 27 abr (VOA) – Organismos internacionales condenaron este miércoles el asesinato del líder comunitario nicaragüense Bernabé Palacios a manos de un grupo armado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte del país, y pidieron una investigación para procesar y sancionar a los responsables ante la “extrema urgencia” de la situación de los indígenas en el país.
Palacios, de 44 años, perteneciente a la comunidad de Alal, territorio Mayangna Sauni As, fue asesinado en lunes, según medios locales.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó en un comunicado su solidaridad con la familia del líder indígena; y dijo que el asesinato se dio en el contexto de la defensa de la tierra.
Un informe emitido por el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) señala que los conflictos armados en las comunidades indígenas han dejado al menos 49 personas asesinadas entre los años 2011 y 2020.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, solicitó este miércoles a la Corte IDH ampliar las medidas provisionales a pobladores de las comunidades indígenas Musawas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As, de la Región de la Costa Caribe Norte en Nicaragua.
La Comisión consideró que los pobladores de las comunidades identificadas se encuentran en una situación de “extrema urgencia” ante los daños irreparables a sus derechos.
“Las medidas provisionales son emitidas por la Corte IDH en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Las mismas tienen carácter obligatorio para los Estados”, recordó la CIDH.
Nicaragua sostiene en foros internacionales que avanza en la defensa de los pueblos indígenas y en la restitución de sus derechos. El pasado 21 de abril, el embajador de Nicaragua en la ONU, Jaime Hermida, dijo que en el país “se promueve en todos los ámbitos el orgullo de las raíces étnicas”.
Sin embargo, expertos cuestionan este discurso oficial. Recientemente la abogada Becky McCrea, que por años ha trabajado como defensora de los territorios indígenas de Nicaragua, dijo a la Voz de América que el Estado nicaragüense ha dejado en indefensión a estas comunidades y en algunos casos ha permitido el desplazamiento forzoso.
