Ciudad de Guatemala, 25 mar (dpa) – El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticó hoy en Guatemala que no se haya reabierto aún el juicio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y expresó preocupación por la “militarización” del país.
El representante del Alto Comisionado en Guatemala, el italiano Alberto Brunori, dijo que este tema contrasta con “avances” observados en los últimos meses en el país, incluyendo la sentencia condenatoria en enero contra un ex jefe policíaco por la quema de la embajada de España en 1980.
“Pese a los avances en algunos casos del conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), continúa sin abrirse el juicio contra Ríos Montt”, lamentó.
El representante también expresó su rechazo a la estrategia de la defensa de insistir en una amnistía, basada en la interpretación de normativas contempladas en la legislación guatemalteca a favor del ex dictador.
Brunori recordó que la Corte de Constitucionalidad (CC) ya resolvió que “no es aplicable la extinción de responsabilidad penal por prescripción ni por obediencia debida, y que los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno que impidan el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos”.
“El Alto Comisionado reitera que la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad es una norma de carácter imperativo y que, por lo tanto, todo acto en su contra se considera nulo”, advirtió.
Los comentarios de Brunori fueron emitidos durante un acto público en el que presentó el informe de labores de 2014.
El informe del Alto Comisionado critica el aumento del personal militar en la seguridad ciudadana debido a que los patrullajes conjuntos del Ejército y la policía civil estaban integrados en su mayoría por personal militar.
Se indica que las fuerzas de seguridad conjuntas pasaron de dos a 12 departamentos en dos años, pese a lo cual las muertes violentas con arma de fuego se incrementaron.
Brunori indicó que, según datos oficiales, 85,4 por ciento de las casi 6.000 muertes violentas del año pasado ocurrieron con armas de fuego, un aumento de 4,3 por ciento comparado con 2013.
La reapertura del juicio por genocidio contra Ríos Montt estaba prevista para el pasado 5 de enero, pero la defensa recusó a una de las juezas aduciendo falta de imparcialidad. El caso sigue en un “impasse” legal.
Ríos Montt fue jefe de Estado de facto entre 1982 y 1983, cuando el Ejército guatemalteco intensificó sus operaciones de “tierra arrasada” en el campo.
El ex dictador fue condenado en mayo de 2013 a 80 años de prisión por la matanza de 1.771 indígenas en el norte del país, pero la CC anuló el fallo por errores procesales.