Washington, 2 may (elmundo.cr) – La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del fiscal general, Raúl Melara, así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones.
La Asamblea Legislativa destituyó este sábado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En la primera acción tomada por el nuevo congreso a solo horas de haber tomado posesión, los parlamentarios aceptaron con 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente, destituir tanto a los jueces titulares como a los suplementes de una de las instancias judiciales que había emitido veredictos contrarios a las políticas del presidente Bukele.
Pocas horas después, también presentaron una moción para la destitución del fiscal general, Raúl Melara, que fue también aprobada por mayoría absoluta.
La OEA señaló que “es imprescindible en esta coyuntura dar continuidad a los trabajos iniciados por la Misión Especial presidida por Santiago Cantón en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana -invocando el artículo 17 de la misma-, conforme a lo solicitado por el Poder Ejecutivo y la anterior legislatura salvadoreña. Las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Misión son de extrema validez y constituyen orientaciones necesarias en el contexto actual de crisis”.
“En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, aseguran.
Para la OEA “cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios. Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”.
“El más pleno respeto al Estado de Derecho Democrático es esencial. Las mayorías parlamentarias y la acción de Gobierno deben fortalecerlo permanentemente con diálogo político para el mejor funcionamiento de la democracia. Las acciones que lleven a su erosión y a la cooptación del Poder Judicial solamente conducen a una sociedad injusta, basada en la impunidad y en la persecución política”, concluyen.
