Kabul, 13 feb (elmundo.cr) – El régimen de los Talibanes aprobó un nuevo código penal que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, al establecer un sistema judicial que clasifica a la población en categorías sociales y contempla castigos diferenciados según el estatus de las personas acusadas.
De acuerdo con reportes divulgados por medios internacionales y organismos humanitarios, la normativa plantea que los sectores considerados de menor rango social podrían enfrentar sanciones más severas, entre ellas penas de prisión y castigos físicos, mientras que miembros de la élite, líderes religiosos o personas con mayor influencia recibirían sanciones más leves, como advertencias.
Uno de los aspectos más cuestionados del nuevo marco legal es su impacto sobre los derechos de las mujeres. Diversos sectores advierten que la legislación permitiría justificar agresiones bajo parámetros difíciles de comprobar, lo que podría aumentar la vulnerabilidad de las mujeres dentro del sistema judicial afgano.
Expertos en derechos humanos han señalado que estas disposiciones representarían un retroceso en materia de igualdad ante la ley y protección de derechos fundamentales. Además, alertan que la clasificación social dentro del sistema judicial podría consolidar un modelo que favorezca la impunidad en ciertos sectores.
El nuevo código penal se suma a otras medidas adoptadas por el régimen talibán desde su retorno al poder en 2021, las cuales han restringido el acceso de las mujeres a la educación, al empleo y a la participación en espacios públicos.
La comunidad internacional ha manifestado preocupación por el impacto de estas políticas en la población afgana, particularmente en mujeres y niñas, al considerar que debilitan las garantías básicas de derechos humanos y limitan las posibilidades de desarrollo social en el país.
