Quito, 17 nov (VOA) – Funcionarios del gobierno de Ecuador, directivos de medios de comunicación y de organizaciones sociales ratificaron la nueva Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Comunicación, que sepulta el andamiaje jurídico creado en 2013 por el expresidente Rafael Correa, calificada por la oposición en su momento como “ley mordaza”.
Este lunes el Registro Nacional recibió el nuevo documento, firmado la tarde del viernes, que al ser publicado en el diario oficial pasa a ser ley del país. Con ello desparecen las figuras legales que “limitaban” el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, como manifestaron representantes de medios informativos que acudieron a la ceremonia.
En un acto simbólico durante la firma, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tiró al contenedor de la basura la antigua legislación impulsada por Rafael Correa en 2013.
“Hoy somos un Ecuador más libre. La ley mordaza ya está en el tacho de la basura de la historia. Tenemos una nueva Ley de Comunicación, pieza fundamental del Ecuador de paz que estamos construyendo”, dijo Lasso.
Eduardo Mendoza, director de Radio 199, opinó en la ceremonia que la aprobación de la nueva ley merece celebrarse como un logro en pro de “la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y los derechos humanos”.
Por su parte, el director del Diario El Universo, Carlos Pérez, indicó que las nuevas disposiciones de la ley aprobada “son importantes para el futuro de la democracia en el país”.
El presidente Lasso reiteró que la nueva legislación no es un triunfo del gobierno en turno “sino de todo el Ecuador democrático, a todos los que han empuñado la palabra como una espada para que en el Ecuador la libertad perdure”, acotó.
Cambios importantes
La legislación aprobada contiene al menos nueve cambios sustanciales, que van desde la eliminación al control a medios de comunicación a través de la “censura”, hasta los derechos a litigios judiciales contra periodistas o medios de comunicación por contenidos publicados.
Asimismo, dejó sin efecto diferentes elementos como la “censura previa”, la “responsabilidad ulterior” y la “creación de consejos ciudadanos”, elementos que continuaban en el debate de la Asamblea Nacional, apoyados por los seguidores del expresidente Rafael Correa.
Ahora quedan establecidos parámetros para la “opinión en redes sociales” y otras plataformas de Internet que anteriormente estaban en un limbo jurídico. La nueva legislación aleja a los grupos políticos del control de medios públicos, ofrece a apoyo a medios comunitarios y define estándares de protección de víctimas de violencia.
La legislación aprobada también prohíbe los mensajes de violencia difundidos desde medios de comunicación y “el uso ilegítimo de la violencia”. Las Asambleas populares también pueden verificar la gestión y hacer evaluación sobre medios públicos.
Según varios medios ecuatorianos, el proceso que llevó a la conclusión de esta ley pasó por varias etapas como eliminar algunos aspectos del cuerpo jurídico de 35 artículos, que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional impulsaba y que fue vetada por el mandatario y una sentencia de la Corte Constitucional.
Aspectos destacados de la Ley de Comunicaciones
La autorregulación
Queda en manos de los medios de comunicación regular, tanto su comportamiento como sus contenidos, lo que conlleva adoptar códigos de ética profesional en las salas de redacción.La ley dice que “en ningún caso” deben emplearse “estándares o regulaciones impuestas por el Estado”, esto en clara contraposición a la normativa anterior heredada de los años de Rafael Correa en el poder.
Protección a periodistas
La legislación aprobada también ordena que el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación elabore los protocolos para la protección de periodistas “en actividad de riesgo”, especialmente aquellos comunicadores que trabajen en líneas de investigación sobre redes de corrupción, crimen organizado, temas ambientales, entre otros.Quitar a políticos el control de medios públicos
Los medios de comunicación del Estado deben mantener neutralidad, según la nueva legislación, y deben publicar contenidos que representen a todas las voces del país y para los diferentes públicos, así como “garantizar su independencia tanto de la injerencia de poderes políticos como de las presiones del mercado”, con lo que están llamados a impulsar una agenda de información cultural y educativa.Libertad de opinión en redes sociales
La nueva legislación garantiza el uso de la palabra y opiniones en Internet y garantiza que el Estado no regulará “las expresiones y opiniones personales emitidas a través de redes sociales”.Derecho de respuesta
Toda publicación cuyo contenido “afecte” a una persona en su “integridad moral y dignidad” tendrá derecho de respuesta; de no haber una respuesta del medio de comunicación, la ley ordena que la Defensoría del Pueblo inicie los procesos de protección de derechos bajo las normas constitucionales del país, esto apegado también a convenios internacionales.
