Ciudad de México, 27 set (VOA) – El fiscal de la unidad especializada en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México en 2014 presentó su renuncia después de tener problemas por falta de personal y de polémicas medidas que parecían relegarle de un caso cuya investigación podría ahora sufrir un duro golpe, según los abogados de las víctimas y organizaciones internacionales.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes la dimisión de Omar Gómez Trejo, encargado de la investigación desde 2019, por no estar de acuerdo con los procedimientos para determinar quiénes debían ser detenidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) retiró órdenes de captura contra 21 personas, incluidos 16 militares, días después de que estas aprehensiones fueran solicitadas por la unidad de Gómez Trejo y después de que la Comisión de la Verdad ofreciera nuevos indicios de este “crimen de Estado” —como lo calificó esta entidad oficial- que apuntaban a una participación activa del Ejército en las desapariciones.
López Obrador dijo apoyar la medida tomada por la FGR pero garantizó que no se va “a descarrilar la investigación” pese a que el gobierno está recibiendo “muchas presiones de todo tipo y de muchas partes”. No ofreció detalles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que depende el grupo de expertos internacionales que lleva investigando el caso desde 2015 y que todavía no ha hecho declaraciones sobre los últimos acontecimientos, mostró su preocupación porque desde agosto la unidad de Gómez Trejo no contaba “con personal policial de investigación” necesario para recabar pruebas, judicializar nuevos cargos y dar seguimiento a los procesados.
En un comunicado divulgado la víspera de conocerse su renuncia, la CIDH pedía que se garantizara su independencia, que se reorientaran los mecanismos para el esclarecimiento del caso y mostraba su preocupación por el desistimiento de las órdenes de captura y por los perjuicios de cambiar a los investigadores en un caso tan complejo.
Los padres de los estudiantes denunciaron el lunes en su manifiesto por el octavo aniversario de las desapariciones que pese al trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y las recientes detenciones de tres militares clave y del ex procurador general Jesús Murillo Karam se han dado retrocesos, según afirman, por “guerras internas” dentro de una administración que “sucumbe al poder militar”.
De hecho, en la primera audiencia contra el exprocurador, clave para que su procesamiento por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia sea claro, no estuvo presente la unidad de Gómez Trejo y hasta el juez amonestó a los ministerios públicos por no estar preparados.
Varias de las familias pidieron el lunes la dimisión del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que ha sido criticado por sus abogados.
El Centro Prodh, la ONG de derechos humanos que les representa, denunció este martes lo que consideró una “injerencia indebida de los superiores jerárquicos” de Gómez Trejo en su trabajo.
El apoyo al exfiscal se hizo notar el mismo martes desde instancias del mismo gobierno. Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de desaparecidos, dijo que Gómez Trejo representó “los poquísimos espacios de investigación independiente y seria” sobre violaciones a los derechos humanos en México.
El presidente López Obrador, sin embargo, mantuvo su total respaldo al fiscal general aunque en el informe de la Comisión de la Verdad, que es también un organismo oficial, se denunciaron problemas de coordinación dentro de la FGR.
El mandatario insistió este martes en que quienes critican la actuación de las autoridades mexicanas quieren debilitar las instituciones. La víspera se pronunció de forma similar contra quienes atacan al Ejército ya que, en su opinión, sólo unos pocos tuvieron responsabilidad en la desaparición de los estudiantes y serán procesados por ello.
Hay cuatro militares encarcelados por el caso, entre ellos quien, según el presidente de la Comisión de la Verdad Alejandro Encinas, habría presuntamente ordenado matar a algunos de los muchachos.
El informe de esta entidad, parcialmente tachado, apuntaba a que soldados manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en instalaciones militares de Iguala, en el estado de Guerrero.
Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa acudieron a esa ciudad el 26 de septiembre de 2014 a tomar autobuses para usarlos en protestas, pero fueron atacados por distintas fuerzas de seguridad y autoridades coludidas con el crimen organizado.
No está claro el móvil, pero se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de heroína.
Durante la anterior administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se diseñó toda una estrategia para inventar una verdad paralela a base de torturas y manipulación de evidencia, según quedó confirmado por la Fiscalía mexicana y la Comisión de la Verdad.
Sin embargo, se desconoce todavía qué pasó realmente con los jóvenes. Se presume que todos fueron asesinados pero sólo se han encontrado restos de tres de ellos.
