Lima, 20 jul (elmundo.cr) – Miles de manifestantes antigubernamentales salieron el miércoles a las calles de Perú, como parte de una nueva ronda de marchas organizadas por grupos que se oponen al gobierno de ocho meses de la presidenta Dina Boluarte, mientras la policía se desplegaba para proteger las oficinas gubernamentales.
La televisión local mostró a varios miles de manifestantes afiliados a grupos de izquierda y sindicatos marchando pacíficamente en la capital Lima, mientras que se reportaron incidentes aislados con la policía en una región andina donde los conflictos sociales a menudo han estallado.
Muchos peruanos acusan a Boluarte y sus aliados de destituir y encarcelar ilegítimamente a su predecesor izquierdista Pedro Castillo, lo que provocó protestas enojadas y, a veces, violentas durante marzo pasado que se cobraron 67 vidas. El malestar se produce durante el disgusto de larga data por la pobreza desenfrenada y la profunda desigualdad que ha persistido incluso cuando la nación se ha vuelto más rica.
Unos 24.000 policías fueron desplegados en todo el país, según las autoridades, mientras las autoridades se preparaban para la llamada “tercera toma de Lima”.
Funcionarios de transporte terrestre dijeron que los manifestantes bloquearon seis carreteras a primera hora de la tarde del miércoles, principalmente en las regiones del sur de Arequipa y Cusco.
“Respetemos el derecho de las personas a protestar, pero si estas se vuelven violentas haremos un uso racional de la fuerza para imponer la autoridad”, dijo a periodistas el jefe de la policía de Lima, Roger Pérez.
Jorge Pizarro, vocero de uno de los organizadores de la protesta, prometió que las manifestaciones serán contundentes y pacíficas.
“No buscaremos un enfrentamiento con la policía”, dijo.
Pero en la ciudad andina de Huancavelica, los manifestantes incendiaron la puerta de un edificio del gobierno. La policía lo roció rápidamente y luego dispersó a la multitud con gases lacrimógenos, según la televisión local.
Los manifestantes exigen la destitución de Boluarte, el cierre del impopular Congreso dominado por la derecha , elecciones anticipadas y una nueva constitución.
Boluarte, cuya aprobación pública también se ha desplomado, está siendo investigado por los delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” relacionados con la violencia de marchas anteriores.
Su gobierno ha calificado las protestas como una amenaza a la democracia.
Los aeropuertos de Lima, Arequipa, Cusco y Puno, donde ocurrieron algunos de los enfrentamientos más feroces durante las protestas anteriores, están restringiendo la entrada. Las clases presenciales se suspenderán en las escuelas de varias regiones.
Perú, el segundo productor de cobre más grande del mundo, también podría enfrentar interrupciones a lo largo de su corredor minero clave, donde, según grupos ambientalistas, las comunidades apoyarán las protestas.
