Caracas, 14 oct (elmundo.cr/BBC) – El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro desconoció las potestades del Parlamento de ese país y aprobó el Presupuesto Nacional 2017 mediante un Decreto Ejecutivo.
Maduro actuó de esa forma luego de que la noche del martes la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le dio aval a Maduro para autoatribuirse la potestad de aprobar el presupuesto sin aval legislativo
Un presupuesto aprobado sin pasar por la Asamblea es una situación inédita cuyo germen nace meses atrás.
El 6 de diciembre de 2015, la oposición logró un amplio triunfo en las elecciones legislativas, lo que le permitió controlar la Asamblea Nacional por primera vez en 17 años de Revolución bolivariana.
La oposición ganó así fuerza en la lucha política con un gobierno al que quiere revocar en un próximo y eventual referendo.
Pero el TSJ, que continuamente rechaza las leyes de la Asamblea, decidió entonces la suspensión cautelar como diputados de tres legisladores indígenas cuya elección ha sido contestada judicialmente por presuntas irregularidades aún no confirmadas.
Pese a que inicialmente la Asamblea acató la medida cautelar, meses después desafió la decisión del TSJ e incorporó a los tres diputados, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana.
El 1 de agosto, el TSJ de Venezuela declaró como carente de “validez, existencia y eficacia jurídica” la juramentación de tres los miembros por considerarla una “violación flagrante del orden público constitucional”.
La máxima instancia judicial declaró entonces en desacato (desobediencia) a la Asamblea y adelantó que serían consideradas nulas todas sus decisiones por sesionar con los diputados del estado Amazonas.
Es por eso que Maduro justifica su decisión de consultar al TSJ qué debía hacer con el proyecto de presupuesto, que según la Constitución debe ser presentado a la Asamblea, encargada de aprobarlo por ley.
La noche del martes, en un comunicado, la Sala Constitucional decidió que será ella la que analice, apruebe o rechace el presupuesto ante la “imposibilidad jurídica de presentar el proyecto de ley de presupuesto a la Asamblea Nacional y de que ésta lo apruebe o lo rechace”.
El máximo órgano del sistema judicial de Venezuela justificó su decisión “frente a la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional (…) y con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado”.
