Washington, 3 ago (elmundo.cr) – Una ley promulgada tras la Guerra Civil de Estados Unidos para proteger los derechos de los negros influye en los cargos presentados contra el expresidente Donald Trump el martes en un caso de interferencia en las elecciones federales.
Trump, el favorito para la nominación republicana de 2024, fue acusado de conspirar para privar a los votantes de su derecho a unas elecciones justas y defraudar a EE. UU. al impedir que el Congreso certificara la victoria del presidente Joe Biden. Ha negado haber actuado mal y dijo que el caso es parte de una “cacería de brujas” más amplia y políticamente motivada.
Los fiscales federales basan un cargo, conspirar, para privar a los ciudadanos de los derechos constitucionales o legales, en una ley promulgada durante la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil en 1870, cuando los legisladores federales buscaron integrar en la sociedad a las personas esclavizadas que habían sido liberadas.
Kristy Parker, exfiscal federal, dijo que muchos esfuerzos de Trump y sus aliados para anular las elecciones se dirigieron a áreas urbanas con grandes poblaciones de votantes negros que votaron por el demócrata Joe Biden.
Esos incluyeron Atlanta, Detroit y Filadelfia.
“Es bastante revelador que esas leyes de la era de la Reconstrucción se aplicarían a este caso, y sugiere que estamos peleando muchas de las mismas batallas que peleamos en la Guerra Civil”, dijo Parker, abogado de la organización sin fines de lucro grupo Protejamos la Democracia.
La era de la Reconstrucción duró hasta 1877, pero los historiadores la consideran un fracaso, en parte porque no evitó la violencia contra los negros ni logró una integración racial duradera en la política y la sociedad civil.
Pero luchar contra la violencia contra los negros era un objetivo central del estatuto de privación de derechos, y se ha utilizado durante mucho tiempo para enjuiciar los delitos de odio.
Fue central en el juicio de 1967 de más de una docena de miembros del Ku Klux Klan que conspiraron para asesinar a tres trabajadores de derechos civiles, un caso inmortalizado en la película de 1988 “Mississippi Burning”.
Los fiscales han utilizado durante mucho tiempo el estatuto de privación de derechos, conocido como Sección 241, para luchar contra la privación de derechos de los votantes negros, y una serie de casos históricos de la Corte Suprema de EE. UU. han afirmado el uso de la ley para ese propósito.
La ley también cubre esquemas menos abiertos para privar a los votantes de sus derechos. En marzo, un jurado federal de Brooklyn condenó a un influencer de las redes sociales por privación de derechos por atacar a los partidarios de la demócrata Hillary Clinton, la rival de Trump en las elecciones de 2016, con información falsa sobre cómo votar. El esquema se dirigió explícitamente a los votantes negros.
Trump está acusado de utilizar afirmaciones falsas de fraude electoral para presionar a los funcionarios electorales a subvertir las elecciones y de conspirar con otros para presentar una lista de electores falsos que lo considerarían ganador falsamente.
Los expertos legales dijeron que la supuesta conducta de Trump claramente cae dentro de la Sección 241, que está escrita en términos generales.
“Desde el punto de vista de la acusación, creo que el cargo es sólido y está bien fundamentado en lo que el Congreso imaginó cuando aprobó este estatuto”, dijo Eric Gibson, un exfiscal federal que procesó con éxito a un exjuez electoral de Pensilvania y exconsejero federal. Congresista por intercambiar sobornos por votos fraudulentos.
Para prevalecer contra Trump, los fiscales deben probar que conspiró con al menos otra persona para privar a los votantes de su derecho a una elección justa, independientemente de si tuvo éxito.
La acusación formal acusó a Trump y a los coconspiradores de organizar listas fraudulentas de electores en siete estados, todos los cuales perdió, para presentar sus votos para que el Congreso los cuente y certifique como oficiales el 6 de enero.
Trump podría argumentar que es inocente porque no tuvo la intención de violar la ley. Ha afirmado sin evidencia que las elecciones de 2020 estuvieron contaminadas por fraude y dijo que sus acciones tenían como objetivo salvaguardar el voto.
Es probable que el problema esté sujeto a un intenso litigio previo al juicio y disputas legales si el caso va a juicio.
“El peligro aquí es que incluyan a alguien en el jurado que está allí por razones políticas”, dijo Gibson. “El equipo de Trump no puede simplemente insertar personas en el jurado, pero la realidad es que casi la mitad del país votó por él”.
