ANÁLISIS
Por Isaac Risco y Patricia Castellanos (dpa)
Ciudad de Guatemala, 28 ago (dpa) – Un escándalo de corrupción y multitudinarias protestas han puesto al gobierno de Otto Pérez contra las cuerdas en Guatemala, pocas semanas antes de las elecciones generales en el país centroamericano.
La situación escala de manera alarmante, consideran expertos, aunque el desenlace de la crisis parece incierto.
Para Pérez, en el cargo desde 2012, la situación se ha vuelto crítica en los últimos días. Al grito de “Renuncia ya”, decenas de miles de manifestantes con banderas azul-cielo y blanco inundaron el jueves la Plaza Constitucional, el parque central de la capital, en una gran manifestación de protesta.
“Estamos en medio de una crisis política muy fuerte”, dijo a la agencia dpa José Carlos Sanabria, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
“Guatemala está pasando por un momento sumamente difícil, muy agitado, no sólo en las instituciones, sino también en la sociedad”, cree también el investigador Michael Shifter, presidente del “think tank” Diálogo Interamericano en Estados Unidos.
“La frustración ha llegado a su límite y muchos sectores claves han manifestado su descontento en las calles”, pero, el desenlace “es muy difícil de predecir”. El país centroamericano, de 15,7 millones de habitantes, está sacudido desde hace meses por el escándalo de corrupción. Pero la situación escaló en los últimos días.
La ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que renunció en mayo por las acusaciones de corrupción, fue arrestada el pasado viernes y está actualmente en prisión preventiva. Los investigadores apuntan ahora hacia más arriba: el propio Pérez.
El presidente reiteró el jueves que no renunciará a su mandato, que concluye en enero. Los fiscales consideran que hay suficientes evidencias de que Pérez encabezó con Baldetti una trama de corrupción conocida como “La Línea”, responsable de un fraude millonario en las arcas públicas a través de la evasión de impuestos aduaneros.
El grado de corrupción en el país sorprendió a muchos, explica el abogado defensor de los derechos humanos Michael Mörth, que asesora actualmente a víctimas en el proceso por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt.
Se trata de “una asociación criminal que tomó el control del aparato estatal”, explica Mörth, un jurista alemán que vive desde hace unos 20 años en Guatemala. Según la Justicia, un centenar personas están siendo investigadas actualmente por el caso “La Línea”, entre otros varios políticos y funcionarios.
Cinco ministros dimitieron a sus cargos después de la detención de Baldetti hace una semana. También una docena de viceministros y funcionarios de alto rango dejaron el gobierno.
En las próximas semanas el Congreso tendrá que decidir ahora si levanta la inmunidad de Pérez para que sea procesado, aunque una solicitud similar ya fue rechazada hace unas dos semanas.
El pedido de la fiscalía tiene ahora más posibilidades de salir adelante, cree sin embargo Sanabria. La primera solicitud se basaba sobre todo en informaciones de prensa sobre “La Línea”, la fiscalía y el Ministerio Público han presentado ahora en cambios pruebas como escuchas telefónicas, explica.
“Hay más fundamentos” para retirarle la inmunidad a Pérez, confía el analista guatemalteco. “Si el presidente no renuncia, muy probablemente va a salir del poder por la vía judicial”.
Shifter, por su parte, ve también algo positivo en la actual crisis en Guatemala. “Podemos ver un cambio en la población que, casi 20 años después de la finalización del conflicto armado, ha perdido el miedo a expresar su descontento”, afirma.
Sobre todo el trabajo de un organismo relativamente joven ha sido primordial en la actual lucha contra la corrupción: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que trabaja desde 2006 en el país bajo mandato de la ONU.
La comisión, que carece de atribuciones para presentar cargos o hacer detenciones por sí misma, tiene desde entonces la misión de ayudar a crear capacidades en la Justicia local para la lucha anticorrupción.
Sin embargo, la CICIG ha ganado protagonismo desde que el comisionado colombiano Iván Velásquez asumió la dirección a finales de 2013. Al ex magistrado se hizo fama en su país como un tenaz perseguidor de los abusos cometidos por paramilitares.
Fue la CICIG la que destapó los actuales escándalos de “La Línea” en Guatemala en abril. Después fue la fiscal guatemalteca Thelma Aldana la que impulsó las investigaciones.
Cuando fue designada para dirigir el Ministerio Público (fiscalía) en mayo de 2014, muchos la consideraban una persona cercana a Pérez. Ahora la fiscalía a su cargo investiga al presidente de manera decidida.
No está claro, sin embargo, si los cambios de fondo llegarán tan pronto. En poco más de una semana, el 6 de septiembre, habrá elecciones para suceder a Pérez a partir de enero. Varios actores han pedido la postergación de los comicios por la crisis.
“El futuro de la lucha anticorrupción variará mucho dependiendo de quién gane las elecciones”, consideró Shifter, que no ve muchas alternativas. “La pregunta clave es si esos sectores de la sociedad que hoy están en la calle serán capaces de desarrollar liderazgos y definir y canalizar sus demandas para hacer las reformas de fondo”.
