Bogotá, 15 may (elmundo.cr) – La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), reunidos en Bogotá discutieron el tema del preocupante aumento de la población carcelaria en las últimas décadas en los países de Iberoamérica.
Para la FIO el desbordado hacinamiento impide la efectiva consecución de la finalidad esencial de la pena, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, esto es, la resocialización o reinserción social, y pudiera poner en riesgo la vida e integridad de los reclusos.
Los sistemas carcelarios de la mayor parte de los países que integran la FIO se ven aquejados por problemáticas comunes, como la ausencia de presupuesto suficiente, para garantizar la subsistencia digna de la población carcelaria, insuficiencia y escasa instrucción del personal llamado a la custodia y atención de los reclusos, deficiente acceso de los internos a la administración de justicia e invisibilidad de la crisis carcelaria.
Es por esto que la FIO hace un llamado a los gobiernos nacionales de los países en que operan sus miembros, para que examinen cuidadosamente la política criminal de sus Estados, en especial, que se reconozca que el derecho penal no necesariamente debe comportar la efectiva imposición de la pena de prisión, así como la drasticidad de la pena, no está asociada a la disminución de los niveles de criminalidad.
Adicionalmente, y con miras a garantizar la efectividad de los instrumentos tendientes a visibilizar la problemática carcelaria, la FIO exhorta a los gobiernos a suscribir y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanas y Degradantes; instrumento internacional que prevé mecanismos de verificación internacional a las condiciones de reclusión.
Por último, la FIO insta a los gobiernos nacionales a erradicar del discurso oficial, cualquier clase de justificación de las indignas condiciones de internamiento a la que se ven sometidos los hombres y mujeres privados de la libertad, so pretexto de la responsabilidad penal que les asiste, en especial, debe quedar en claro que, los reclusos, en tanto seres humanos dotados de dignidad, tienen derecho a no ser sometidos a modalidades de reclusión que, constituyen auténticos tratos crueles, inhumanos y degradantes.
